Corresponsalía Buenos Aires
La relación entre La Libertad Avanza y el PRO sumó un nuevo capítulo de tensión política al inicio del año donde exploran una alianza electoral. El gobierno de Javier Milei reveló la existencia de un supuesto sistema informático que protegía a empresarios ligados al kirchnerismo en la ex AFIP (ahora ARCA) durante el gobierno de Mauricio Macri, pero funcionarios de esa gestión rechazaron de plano las acusaciones.
El Gobierno dio a conocer un mecanismo que bloqueaba el acceso a información sensible de personas o empresas a su cargo, que eran catalogadas como de “interés público” aunque no había justificación formal para darles ese trato. De esa manera, los contribuyentes seleccionados de manera discrecional quedaban a salvo de investigaciones impositivas y patrimoniales.
El dato fue filtrado al diario Clarín, que difundió un listado de 51 beneficiarios. Entre ellos figuran los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa; Alejandro Vandenbroele, “testaferro” del exvicepresidente Amado Boudou; Florencia Kirchner y Romina Mercado, hija y sobrina de Cristina Kirchner; el fallecido Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de Néstor Kirchner; y Víctor Manzanares, contador del matrimonio presidencial.
La revelación del Gobierno, que conecta al PRO con el kirchnerismo en un supuesto “pacto de impunidad”, se dio luego de que se destapara un escándalo comprometedor para la gestión libertaria, por el ascenso que le otorgó Andrés Vázquez, titular de la DGI (Dirección General Impositiva), a su pareja.
Según la investigación del diario La Nación, una semana después de asumir el cargo, Vázquez ascendió dentro de la ex AFIP (con su sola firma y salteando rangos intermedios) a su mujer, María Eugenia Fanelli, quien pasó a cobrar un sueldo de alrededor de $8 millones.
Cruces entre el PRO y La Libertad Avanza
Aunque no hubo funcionarios que se hicieran cargo del descubrimiento informático en la ARCA ni lo denunciaran públicamente, una cuenta de la red social X atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo (@MileiEmperador) instaló el tema y apuntó contra María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).
“Hola @eugetale, ¿Nos quieren contar para que tenían armada esa lista de ‘protección’ en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta”, ironizó el perfil asociado a Caputo. La exfuncionaria aclaró que no trabajaba en la AFIP y negó mucho menos haber “blindado” a empresarios kirchneristas.
“Santiago Caputo está desvelado por ensuciarme y como han montado todo un aparato para perseguir y operar a críticos del Gobierno salieron con esta burda mentira que esta vez es fácilmente demostrable. Jamás armé una lista de protección a los K, sino que los denuncié”, aclaró Talerico a Clarín.
Lejos de cesar el fuego, el usuario atribuido a Caputo advirtió que la UIF de Mariano Federici y Talerico “protegió” al banco HSBC “por no reportar las operaciones sospechosas de Mi Sangre, el narco colombiano”, y remató: “Un escándalo el funcionamiento de la UIF y la AFIP en el período 2016-2019. Alguien debería dar explicaciones”.
Talerico no fue la única que salió a responder las acusaciones. El extitular de la AFIP en la gestión de Cambiemos, Alberto Abad, también descartó la supuesta red de protección y, por el contrario, subrayó que en su gestión no se hizo un uso político del ente recaudador, sino que se trabajó para evitar “filtraciones” que venían del mandato de su antecesor, Ricardo Echegaray.
Por ese motivo, explicó Abad, se decidió “proteger la información sensible sobre un abanico amplísimo de contribuyentes para que quedara registrado si algún funcionario o agente de la AFIP accedía a los datos de alguna de esas personas o empresas, y automáticamente se verificara si su acceso a esos datos estaba justificado o no”.
“¿Cómo pueden decir que protegimos? Cualquiera que vea cómo terminaron las investigaciones de la AFIP sobre algunos de los personajes de esa lista sabe que es todo una mentira”, retrucó. El ejemplo más claro es el de los empresarios López y De Sousa, que tienen condena de prisión en la causa por fraude al Estado a través de la firma Oil Combustibles.
Por su parte, mantuvo un largo cruce con la cuenta asociada a Caputo Jimena de la Torre, ex número dos de la AFIP y actual consejera de la Magistratura. “Desde el PRO jamás se encubrió a los K. Se destaparon todas sus corruptelas y denunciaron en la Justicia. Desde AFIP todo fue denunciado, jamás hubo pacto de impunidad”, aseguró la exfuncionaria.
Desde la Coalición Cívica, que impulsó varias investigaciones contra las personas incluidas en el listado, la diputada Paula Oliveto consideró que “acusar que el gobierno de JxC protegió a los empresarios K en la AFIP es una mentira”.
“La historia es una y fue pública: durante el gobierno de Mauricio Macri se incorporaron a los expedientes, mayoritariamente iniciados por la CC, pruebas que llevaron a las condenas de CFK, Lázaro Báez y demás malandras. Agreden a (Jorge) Lanata, a los que denunciamos la corrupción y santifican a los K que son sus funcionarios, con (Daniel) Scioli a la cabeza”, enfatizó Oliveto.