Carolina Ramos
La ley de etiquetado frontal de alimentos perderá estado parlamentario en noviembre si no se vota en la Cámara de Diputados y, mientras un sector de la oposición teme un posible lobby en contra por parte del nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el Frente de Todos aseguran que la voluntad de avanzar sigue firme más allá de la figura del tucumano.
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El proyecto para implementar los octógonos negros en los envases de alimentos con exceso de grasas, azúcares y sodio recibió dictamen favorable el pasado 13 de julio y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto, pero Diputados no sesiona desde el 8 de ese mes y el oficialismo todavía no define cuándo será la próxima convocatoria.
En una reunión reciente de presidentes de bloque, la vicejefa del Frente de Todos, Cecilia Moreau, mostró intenciones de avanzar con el etiquetado frontal y otros proyectos acordados, pero todo quedó en una expresión de deseo: entre la discusión del Presupuesto 2022 y la campaña hacia las elecciones de noviembre, la agenda de consenso pasó a un segundo plano.
La semana pasada hubo un diálogo informal entre legisladores oficialistas y opositores donde repasaron, en privado, cómo están los votos para la ley de etiquetado. Según contaron a este medio dos participantes, Juntos por el Cambio garantizó el acompañamiento del grueso de sus diputados y en el Frente de Todos ratificaron que hay una intención mayoritaria de avanzar, pero en público cruzan acusaciones.
“Estamos a la espera de la decisión del oficialismo de convocar a sesión y de incluir este tema”, señaló Brenda Austin, una de las impulsoras de la ley, mientras que en el Frente de Todos responsabilizan a Juntos por el Cambio por “obstruir” la vuelta a la presencialidad, ya que el interbloque objetó la resolución firmada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa.
“Hay dificultades para sesionar porque Juntos por el Cambio no tiene la voluntad de sesionar”, se defendió ante este medio la camporista Florencia Lampreabe, otra abanderada de la causa, que se puso la ley al hombro con la venia del jefe de bloque, Máximo Kirchner.
Hay una fecha límite: si la ley no se vota en Diputados antes del 30 de noviembre, la media sanción lograda el 29 de octubre de 2020 caerá y el Congreso deberá reiniciar el trámite, a menos que antes haya una convocatoria a sesiones extraordinarias donde se incluya ese proyecto en el temario.
El “efecto Manzur”
Los diputados oficialistas que empujan la ley le bajan el tono a una supuesta presión de Manzur. “Todos sabemos de dónde viene Manzur y la cuestión de la industria azucarera, pero eso no tiene que ver con la voluntad del bloque, que sigue siendo la misma. Está la intención de tener una sesión a la brevedad para tratar la ley”, insistió Lampreabe.
Por el contrario, Diego Mestre, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, sostuvo que “la asunción de Manzur puede tener algún efecto sobre la ley: es el gobernador electo de Tucumán (en uso de licencia) y algunos legisladores tucumanos no han acompañado el dictamen, que casualmente tiene un amplio consenso de todas las fuerzas políticas”.
El radical cordobés pronosticó que “desde la Jefatura de Gabinete, Manzur va a ejercer una presión para que no se trate la ley o tenga modificaciones”.
En el mismo sentido, Austin consideró que “la designación de Manzur claramente va a jugar un rol de obstrucción. Está haciendo que el tema se corra de escena. Lo vimos en todo el proceso con los referentes del oficialismo de Tucumán, tanto en el Senado como en Diputados”.
La resistencia tucumana también tuvo como referente a Jorge Neme, ahora nombrado secretario de Evaluación Presupuestaria. En noviembre de 2020, el entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería abrió la ronda de exposiciones en Diputados con objeciones a la ley y generó desconcierto.
A la hora de la firma de los dictámenes, el oficialista tucumano Pablo Yedlin (ahora candidato a senador) presentó uno propio con modificaciones, junto a otros dos diputados de su provincia y una jujeña. “Es claro el esfuerzo que se está haciendo desde ese sector para tratar de frenar el avance de la ley”, aseguró Austin.
De todos modos, la cordobesa destacó que, a pesar de las diferencias internas en el Frente de Todos, “hay una base de acuerdo transversal y, sobre todo, un empuje enorme de las organizaciones civiles”, que en los últimos días lanzaron una campaña y enviaron notas a los legisladores.
Juntos por el Cambio también se dividió en los dictámenes: si bien la mayoría acompañó el despacho del oficialismo, que juntó 91 firmas, otros se encolumnaron detrás de un dictamen alternativo presentado por Carmen Polledo (PRO) con modificaciones, mientras que dos representantes del PRO (Alejandro García y Soher El Sukaria) optaron por el rechazo.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.