Redacción Vía País
Tras la decisión del Gobierno nacional de no querer acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que avaló que se devuelvan fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se podría abrir un nuevo frente contra el oficialismo que lleve a un “quiebre institucional” según señalaron los especialistas y advirtieron que podría terminar con un juicio político contra Alberto Fernández.
Tras el pedido de la Liga de Gobernadores peronistas, que se reunieron con el mandatario y decidieron ignorar el fallo del máximo tribunal, también se conoció que señalaron que “es incumplible” y anticiparon que recusarán a los jueces que integran la Corte.
“El presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada”, ese es el documento oficial que se generó a raíz de la reunión que mantuvo el Presidente esta tarde, que lleva su firma y la de 14 gobernadores.
Qué podría pasar con el Presidente tras no cumplir con el fallo de la Corte Suprema
“Las resoluciones del máximo tribunal se tienen que cumplir, no hay una instancia superior. De no hacerlo, se incurriría en una serie de delitos”, le comentó a TN una alta fuente judicial. Por su parte, otro especialista explicó que “no un fallo de un juez es como no observar el semáforo en rojo”.
“Las reglas dejan de funcionar, los principios del sistema republicano desaparecen y esto se grava si son los mandatarios los que incumplen un fallo de la Corte”, agregaron.
“La Constitución Nacional dice en los artículos 116 y 177, que la Corte Suprema tiene la última palabra. No hay reclamo posible, si quieren romper las reglas de la República todo se volvería ingobernable, si quieren pagar ese precio, adelante, pero es un precio muy alto”, completó.
Desde el oficialismo entienden que la determinación ataca directamente al federalismo, en cuanto al reparto más equitativo de los fondos coparticipables.
Tras conocerse el fallo que favorece a CABA, varios funcionarios mostraron su descontento y se sentaron a dialogar una posición conjunta para recusar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Las fuentes judiciales sostienen que “No hacerlo (acatar lo decidido por el máximo tribunal) es un delito de desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público. Alberto Fernández y el Gobierno estarían incurriendo en varios delitos”.
“Podés discutir el fallo, criticarlo o ver la forma en la que vas a ejecutarlo, pero tenés que cumplirlo”, sostienen.
Lo cierto es que si el Gobierno se mantiene en esta postura, podría estar violando la Constitución Nacional, lo que daría lugar a una serie de denuncias en Comodoro Py.