Carolina Ramos
El Gobierno atraviesa horas críticas. En una jornada caliente plagada de idas y vueltas, José Luis Espert negó que vaya a bajar su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei salió a respaldarlo, mientras ambos mantenían una reunión nocturna en la quinta de Olivos. No obstante, en el Gobierno toman distancia del postulante, envuelto en un escándalo por supuestos nexos con el narcotráfico, y su situación se vuelve cada vez más insostenible.
“No me bajo nada”, sentenció Espert pasadas las 22 del viernes en la red social X, donde le contestó al periodista Eduardo Feinmann. De esa manera, el legislador de La Libertad Avanza descartaba las versiones, cada vez más fuertes, acerca de una renuncia a su candidatura. Minutos después, Milei compartía el mensaje de Espert, sellando su apoyo.
La idea de que Espert daría un paso al costado creció luego de que Milei mantuviera horas antes un nuevo encuentro con el expresidente Mauricio Macri, también en la quinta de Olivos, donde acordaron “trabajar en conjunto” después de la elección. Fuentes de La Libertad Avanza aseguraban, tras ese cónclave, que habría novedades en la noche de este viernes. Sin embargo, Espert se mantuvo firme.
Lo cierto es que Milei aparece como el único sostén del candidato en el principal distrito del país, mientras sus funcionarios toman distancia y le sueltan la mano. Primero fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y finalmente el vocero presidencial, Manuel Adorni: los tres se mostraron insatisfechos con las explicaciones que brindó Espert acerca de su vínculo con Federico “Fred” Machado, empresario procesado y con prisión domiciliaria en Viedma por narcotráfico y otros delitos.
Bajo presión, Espert difundió a última hora del jueves un video de 6’ 21’’ donde, después de negar respuestas en una entrevista periodística, finalmente reconoció haber recibido la transferencia de U$D 200.000, pero negó que el pagador fuera Federico “Fred” Machado”, y también desmintió que el objetivo fuera financiar su campaña presidencial de 2019.
Según la versión de Espert, el pago fue de una empresa minera de Guatemala llamada Minas del Pueblo, que lo había contratado a principios de 2020 (cuando ya había pasado la elección y el candidato había vuelto a la actividad privada) para un trabajo de asesoramiento como economista. Espert informó que el pago fue un adelanto que recibió en una cuenta a su nombre “radicada en Estados Unidos y declarada en Argentina”.
Sin embargo, el relato de Espert tardó poco en mostrar fisuras: apenas horas después se conoció que Minas del Pueblo está señalada en la causa judicial de Texas como parte del entramado delictivo atribuido a Machado. Además, según reveló el diario La Nación, en los registros contables del Bank of America figura una transferencia por el mismo monto, proveniente de una empresa llamada Wright Brothers Aircraft Title Inc, que pertenecía a Debra Mercer-Erwin, socia de Machado y condenada en 2023.
Espert no solo está señalado por el giro de dinero sino también por el uso de aviones de Machado. El legislador solo reconoce un viaje, a principios de 2019, cuando fue a presentar su libro “La sociedad cómplice” en Viedma, Río Negro, de donde es oriundo Machado. No obstante, en la causa judicial argentina a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, consta que Espert realizó 36 vuelos en aviones de Machado para la campaña de 2019. Es más: ambos compartieron cinco de esos vuelos, según informó Clarín.
El Gobierno toma distancia
El único que, a esta altura, banca a ciegas a Espert parece ser el propio Javier Milei, quien compartió el video del diputado en la red social X y escribió: “El Profe desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición”. El presidente ya había expresado que no necesitaba explicaciones por parte de su candidato en provincia de Buenos Aires.
En el Gobierno no todos lo creen así. Tras los pedidos de explicaciones de Bullrich y Francos, el vocero presidencial Manuel Adorni evitó defender directamente al legislador. “No son explicaciones que tengamos que dar nosotros, las tiene que dar él”, consideró este viernes en conferencia de prensa. En ese sentido, dijo que no es “vocero” de Espert ni “habla en nombre de él”.
“Me parece que las aclaraciones fueron dadas, pero es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando y que sintamos que haya cuestiones que haya seguir ampliando. Y se irán ampliando, las irá explicando como debe ser. No hay que tenerle miedo a eso”, afirmó Adorni.
Y agregó: “Si sienten que faltan explicaciones se las tendrán que pedir a José Luis, y por supuesto que está obligado a darlas porque es un funcionario y nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”.
También Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO y armador de la lista conjunta en Buenos Aires, había sostenido, antes de la publicación del video, que faltaban aclaraciones por parte del acusado. “No se puede hacer campaña”, se ofuscó el bonaerense, quien opinó que la solución era “contestar rápido y salir del problema”.
En el bloque de diputados de La Libertad Avanza, el cordobés Gabriel Bornoroni se llamó a silencio, así como los demás integrantes de la bancada, con una única excepción: Lilia Lemoine. La diputada posteó una foto con Espert y lo respaldó públicamente: “A mi no me va a psicopatear el usurpador y estafador de Grabois. Espert fue punta de lanza en la batalla por las ideas de la libertad y es inocente, hoy lo sé”.
Oposición al ataque
La oposición quiere sacarle jugo a la crisis oficialista e incluyó el caso Espert en la “mega sesión” que ya está pedida para el próximo miércoles a las 12. En el temario figura un proyecto de Victoria Tolosa Paz, exministra de Desarrollo Social y diputada cercana al gobernador bonaerense Axel Kicillof, para remover al libertario de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Tolosa Paz presentó el proyecto en julio, con el argumento de que Espert no convocaba a la comisión para debatir leyes de impacto presupuestario. Días atrás, cuando estalló el “narco escándalo”, la legisladora de Unión por la Patria presentó otro proyecto para, directamente, excluir a Espert de la Cámara por inhabilidad moral, según lo establece el artículo 66 de la Constitución Nacional.
Tolosa Paz agregó un dato más al caso: advirtió que la empresa Minas del Pueblo, que según Espert fue la que le pagó los U$D 200.000, “no solo está sospechada de ser parte de la estructura delictiva investigada por la DEA, sino que además en febrero de 2021 fue denunciada por el Ministerio de Energía y Minería de Guatemala por explotación ilegal” de minerales.
Aunque no hay un acuerdo unánime en torno a la expulsión de Espert (en la última reunión de Presupuesto, solo el radical disidente Fernando Carbajal pidió avanzar), en la oposición hay quienes reconocen que si la situación del candidato se agrava aún más con nuevos descubrimientos de aquí al miércoles, no sería descabellado expulsarlo de Diputados.
Aunque el proyecto de Tolosa Paz que va en ese sentido no fue incluido en la sesión, el reglamento de la Cámara habilita a que, “en caso de que la gravedad de las faltas lo justificare”, cualquier diputado puede hacer una moción, que debe votarse “sin discusión”. Si se aprueba, se debe conformar una comisión especial de cinco miembros que propondrá “la medida que el caso demande”, que puede ser sanción o expulsión. Para cualquiera de los dos casos, se necesitan dos tercios de los votos.