Roberto Pico
El Poder Ejecutivo Nacional prorrogó el presupuesto de la Administración Pública Nacional 2024 para ser ejecutado en 2025 con una marcada subestimación de ingresos y egresos, decisión que le permitirá la distribución de partidas con menores restricciones políticas, justamente en el decisivo año electoral.
Lo hizo a través de la publicación este jueves en el Boletín Oficial de e la Decisión Administrativa 3/25 firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo. De esta forma se cumple con la Ley de Administración Financiera vigente, pero al mismo tiempo la decisión archiva definitivamente la posibilidad que la Ley de Leyes sea discutida en las sesiones extraordinarias del Congreso que se iniciarán la semana próxima, tal como reclamaron sectores de la oposición.
Desde aquella ampulosa presentación del proyecto que el presidente Javier Milei hizo el 15 de septiembre de 2023 en el Parlamento se especuló con la posibilidad de que al gobierno no le interesaba mayormente tener una hoja de ruta de ingresos y gastos transformados en ley.
Si bien las discrepancias políticas impidieron que la propuesta llegue a ser discutida en el recinto, desde el Ejecutivo nunca se apretó el acelerador en ese sentido.
Ahora esa intención quedó definitivamente plasmada en documentos oficiales, donde además a su vez se refleja la intención del Gobierno de disponer de todo el flujo de fondos posibles para manejar de forma discrecional.
Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración (ASAP) señalo que “el cálculo de recursos y el nivel de gastos para 2025 es significativamente inferior a lo contemplado en el proyecto de presupuesto 2025”. Para el nivel de ingresos se estimó un 22,5% menos y el de gastos es un 18,4% inferior.
Especialistas en administración presupuestaria se mostraron sorprendidos por esta diferencia entre la iniciativa que fue al Congreso y lo ahora publicado en el Boletín Oficial.
“El Ejecutivo siempre tiene la potestad de modificar el presupuesto vía DNU. Por ejemplo, disponer que una partida en Salud sea destinada a Educación, pero con un presupuesto aprobado se genera una restricción política; pero vale remarcar que técnicamente siempre el Ejecutivo puede reasignar partidas sin apartarse de la ley”, aclararon a este medio desde ASAP.
De allí que la decisión que tomó el Gobierno tiene más que ver con mostrar una posición de fuerza desde el punto de vista político que una medida con impacto administrativo o financiero.
Fondos extras
La situación es más grave aún desde el punto de vista de las provincias, porque en el año electoral el Ejecutivo Nacional dispondrá de fondos extras para ser distribuidos desde su interés político.
“El nivel de ingresos y gastos previstos para 2025 es inferior al que rigió en 2024, lo que pone en evidencia que ineludiblemente habrá ampliaciones en el cálculo de los recursos y también en las autorizaciones de gastos y aplicaciones financieras, que solamente se podrán realizar mediante una ley o DNU”, puntualizó ASAP.
De acuerdo a la consideración de especialistas, lo más razonable era que las estimaciones de ingresos y las autorizaciones de gastos guardaran correlación con las proyecciones de inflación y de crecimiento de la economía que se incluyeron en el proyecto. Con una inflación estimada en 18% para todo el año, el promedio da algo por encima de 30%, a lo que debe agregarse el impacto de una expansión de 5% del PIB.
En la prórroga publicada en el Boletín Oficial el cálculo de recursos disminuye $ 1,96 billones en forma nominal que implica algo más de $ 88 billones (-26,7%) ajustado por inflación. En el caso de las autorizaciones de gastos caen en $ 1,51 billones en forma nominal, que es equivalente a $ 94.57 billones (-26,3) ajustado por inflación.
Entre algunos capítulos controversiales que fueron incluidos aparece el Artículo 9 que dispone que “las jurisdicciones que tengan asignaciones presupuestarias destinadas a gastos de inteligencia, incluidos los gastos reservados, deberán contar con la conformidad por parte de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) previo a solicitar modificaciones en el crédito presupuestario, como así también para solicitar programación y reprogramación de ejecución presupuestaria”. Esto implica alguna injerencia adicional de la SIDE sobre gastos que define el Ministerio de Seguridad.