Carolina Ramos
El discurso libertario volvió a entrar en contradicción: hace tres años, la diputada de La Libertad Avanza Carolina Píparo presentó un proyecto para derogar el impuesto a los pasajes al exterior utilizado para financiar el Fondo Nacional de Turismo, una caja que el presidente acaba de prorrogar por dos años a través de un DNU. La iniciativa fue acompañada por José Luis Espert, uno de los economistas “estrella” de Javier Milei y potencial candidato en provincia de Buenos Aires.
El proyecto lleva el número de expediente 1741-D-2022 y fue presentado en abril de 2022. Píparo aclaró, ante la consulta de este medio, que en aquel entonces ni ella ni Espert estaban integrados formalmente a La Libertad Avanza, sino que conformaban un bloque propio llamado “Avanza Libertad”. Ahora, ambos forman parte del bloque libertario que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni.
Píparo y Espert proponían derogar el impuesto del 7% sobre el precio de los pasajes al exterior, previsto en el inciso “b” del artículo 24 de la Ley Nacional de Turismo. También pretendían suprimir los artículos 25, 26, 27 y 28 de la misma norma, vinculados al tributo. Y en el mismo proyecto requerían eliminar el impuesto PAIS, que dejó de cobrarse a fin de año.
¿Qué decían entonces los diputados? “El Fondo Nacional de Turismo es financiado por sumas asignadas en el Presupuesto General de la Administración Nacional, aportes de gobiernos provinciales y municipales, y el ‘impuesto al ticket’, entre otros. Nadie puede sostener que el camino para incentivar el turismo interno sea castigar al que decide viajar por el motivo que sea al exterior”, sostenían en los fundamentos del proyecto.
Y agregaban: “Resulta imperioso que como legisladores eliminemos impuestos que ahogan a los argentinos, y resulta más importante aún que quienes gobiernan entiendan que el camino no es la emisión descontrolada ni la creación caprichosa de nuevos tributos para pagar la fiesta populista. El camino es el saneamiento fiscal”.
El Fondo Nacional de Turismo constituye una caja millonaria administrada actualmente por la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, que se financia en parte con un impuesto del 7% sobre el precio de los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, que hayan sido vendidos o emitidos en el país, o en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional.
El Fondo está vigente desde 2005 y perdía vigencia este año. A contramano de la propuesta de Píparo y Espert, Milei lo extendió hasta el 31 de diciembre de 2027 a través de un DNU (4/25), tras el fracaso del proyecto de Presupuesto 2025, que incluía una prórroga incluso mucho más larga, por diez años.
El DNU no solo colisionó con la promesa presidencial de bajar impuestos, sino que fue cuestionado por dirigentes opositores y especialistas en derecho tributario, que advirtieron que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, tiene prohibido dictar DNU en materia tributaria.
Basado en ese principio, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez se sumó este martes a los cuestionamientos y consideró que el DNU “es nulo de nulidad absoluta”.
Gil Domínguez explicó que pueden impugnarlo judicialmente “toda persona a la que se le aplique el impuesto cuando adquiera un pasaje por cuanto existe una afectación directa, concreta e inmediata del derecho de propiedad”, y “cualquier agente de percepción en la medida que la aplicación del impuesto genera una objetiva situación de incertidumbre constitucional”.
Para el constitucionalista, se trata de “otra manifestación de autocracia explicita del actual gobierno. Quizás la más grave de todas, porque si no respeta el límite de las materias vedadas expresamente por la Constitución argentina para sustituir al Congreso dictando Decretos de Necesidad y Urgencia, poco de República y democracia queda en pie”.