Carolina Ramos
El Frente de Todos ajusta los últimos detalles para iniciar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia la semana próxima. El oficialismo planea convocar a la comisión que preside Carolina Gaillard para el próximo jueves 26 y ya concretó un primer movimiento para garantizarse el quórum y la mayoría a la hora del dictamen.
De los 31 integrantes de la comisión, el bloque conducido por Germán Martínez tiene 16, número suficiente para avanzar sin apoyo opositor. Sin embargo, estaba en duda la presencia de una de las integrantes, la massista santafesina Vanesa Massetani, quien finalmente saldrá de la comisión y será reemplazada por otro diputado, el riojano Ricardo Herrera.
En el oficialismo atribuyen la salida de Massetani a un “asunto familiar” y despejan dudas sobre el apoyo del Frente Renovador al proceso contra la Corte. Herrera, el elegido para suplantar a la massista, es un hombre del gobernador riojano Ricardo Quintela, uno de los mandatarios ubicados en la primera línea de batalla contra el máximo tribunal.
De esa forma, los 16 oficialistas de la comisión estarán listos para abrir el debate el próximo jueves. La idea para esa primera jornada es poner a consideración todos los expedientes presentados contra jueces de la Corte (hay 12 en total con estado parlamentario), escuchar a los autores y plantear una hoja de ruta.
Si bien habían circulado versiones en contrario, recién en la segunda reunión se dictaminaría la “admisibilidad” del juicio político. Es el primer paso necesario para abrir la etapa de prueba, que incluirá la citación a más de 40 testigos (incluidos los propios jueces de la Corte) y que concluirá con el dictamen de acusación.
Apoyo sindical
Las centrales obreras se unieron para apoyar el juicio político a la Corte. La CGT de Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano; las dos CTA, conducidas por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy; y el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), liderado también por Pablo Moyano, firmaron un comunicado conjunto.
“Respaldamos el juicio político a la Corte Suprema para defender la plena vigencia de la Constitución Nacional, la división de poderes, el federalismo, los derechos laborales y los derechos humanos, convencidos de la necesidad de contar con un Poder Judicial independiente del poder económico y al servicio del pueblo”, sostuvieron.
En el escrito, apuntaron contra los fallos sobre la coparticipación porteña y el Consejo de la Magistratura, como así también contra la sentencia que avaló el beneficio del cómputo de penas conocido como “dos por uno” para los genocidas.
Pero también advirtieron que la Corte “actuó en sentido regresivo” en materia de derechos laborales, “limitando el derecho de huelga, desconociendo la relación de dependencia de trabajadores contratados, cercenando reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, reduciendo indemnizaciones por accidentes laborales, e incluso considerando prescripto el reclamo de un crédito laboral originado por crímenes de lesa humanidad”.
Por último, señalaron irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial, “con denuncias penales de malversación de fondos, espionaje al interior hacia trabajadores, pérdida de prestadores por incumplimiento de pago, falta de autorización en tratamientos y tantos otros desmanejos sin control ni auditoria alguna, que han devenido en el pésimo servicio de salud a los afiliados”.
Los otros temas
Por otra parte, Martínez convocará para el próximo miércoles a una reunión de todos los presidentes de las comisiones que intervienen en el temario de extraordinarias, pertenecientes al Frente de Todos, para intentar destrabar uno por uno los proyectos a pesar del bloqueo de Juntos por el Cambio.
“No voy a resignar la agenda de extraordinarias”, sentenció Martínez en diálogo con Diputados TV, y agregó: “Aspiro a que esta posición inicial de Juntos por el Cambio pueda ser analizada y modificada, y que tengamos la posibilidad de sesionar. Que objeten todo el temario porque no les gusta un tema es un error político”.
Entre los 27 temas de extraordinarias figuran la nueva moratoria previsional, el blanqueo de capitales (aún no ingresado), la creación de universidades nacionales, un nuevo régimen contra el lavado de activos, la ley de agroindustria y también reformas judiciales, como la ampliación de la Corte y la reestructuración del Consejo de la Magistratura.
“Queremos llevar la totalidad del temario propuesto por el presidente a las comisiones, hacer todas las reuniones informativas que hagan falta y sacar despacho de todos los temas que podamos”, enfatizó Martínez.