Carolina Ramos
El Gobierno pone un pie en el acelerador y en las próximas horas enviará a la Cámara de Diputados la nueva versión de la “ley bases”,y también remitirá el paquete fiscal, donde se repondrá el impuesto a las Ganancias con un nuevo mínimo no imponible de $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados con dos hijos.
Así lo informaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, a diputados de Hacemos Coalición Federal y la UCR, los dos bloques decisivos para la suerte de las leyes, en el marco de dos reuniones por separado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, donde los legisladores salieron satisfechos.
Los funcionarios informaron que la intención es remitir, entre este martes y miércoles, la nueva versión de la “ley ómnibus” para que la semana próxima comience a tratarse en comisiones, con el objetivo de que se vote en el recinto el 24 de abril. Los diputados trabajarán sobre el expediente que ya tiene estado parlamentario.
Paralelamente, el Poder Ejecutivo enviará el paquete fiscal, que incluye la restitución del impuesto a las Ganancias con un nuevo nombre (Ingresos Personales), la moratoria, el blanqueo de capitales y cambios en el monotributo. Este capítulo se discutiría en comisiones paralelamente a la “ley bases” y se votaría el mismo día en el recinto.
Los diputados de la UCR y Hacemos recibieron con buenos ojos el nuevo mínimo no imponible de $1.800.000 de Ganancias, una propuesta superadora al monto de $1.200.000 que el Gobierno pretendía originalmente. “Está dentro de los montos que se han sugerido”, dijo a este medio un radical presente en la reunión. La alícuota arrancará en 5%, según adelantaron los funcionarios.
En tanto, se aumentarán las escalas de facturación para monotributistas y autónomos, de modo de alinear todo el sistema y evitar distorsiones. Además, Hacemos volvió a reclamar un “premio” al buen contribuyente que alcance no solo a personas físicas sino también a empresas.
Por otra parte, los bloques dialoguistas serán los encargados de incluir en la “ley bases” algunos puntos de la reforma laboral que actualmente están incorporados al DNU 70/23 y suspendidos en la Justicia. En los próximos días, las bancadas (incluyendo, posiblemente, al PRO) acercarán posiciones para proponer un texto común.
En otro orden, los radicales le hicieron saber al Gobierno que no están los votos para aprobar uno de los artículos polémicos del borrador, el 71, que esconde una delegación amplia e indeterminada de facultades para desregular la economía. Los funcionarios respondieron que harán una nueva propuesta.
También podría revisarse el capítulo de privatizaciones: aunque el Ejecutivo ya cedió cambios importantes, la UCR pidió fragmentar aún más los anexos y se resiste a acompañar en el caso del Banco Nación. Hacemos, por su parte, pidió que “el Estado deje de pagar comisiones por contratar a Nación Seguros”.
Evaluación de las reuniones
Distintas fuentes consultadas coincidieron en calificar como “positivas” las dos reuniones. “Hay una perspectiva mucho mejor a como se trató en su momento la ley ómnibus”, destacó a la prensa Miguel Pichetto, jefe de Hacemos Coalición Federal.
Pichetto concurrió a la primera reunión acompañado por el cordobés Ignacio García Aresca (mano derecha del gobernador Martín Llaryora), los bonaerenses Emilio Monzó, Nicolás Massot, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer, y el porteño Ricardo López Murphy.
Luego, en nombre del bloque radical asistieron Karina Banfi, Soledad Carrizo, Julio Cobos, Lisandro Nieri, Pablo Cervi, Carla Carrizo y Pamela Verasay. El jefe del bloque, Rodrigo De Loredo, no pudo asistir por un problema en su vuelo desde Córdoba, pero estuvo al tanto de las novedades.
También participaron de ambos encuentros el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.
Rechazo al DNU
A casi un mes del rechazo en el Senado, Unión por la Patria aún no pudo reunir los votos para voltear definitivamente el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados debido a la resistencia del grueso de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, dos bloques que quieren colaborar para que el contenido del decreto sea aprobado, en buena medida, a través de una ley.
En un intento de sumar masa crítica, el bloque peronista/kirchnerista, al mando de Germán Martínez, organizó para este martes a las 14, junto con el Frente de Izquierda, un encuentro con especialistas en derecho constitucional, académicos y organizaciones de abogados, que aportarán fundamentos en contra del decreto que modificó y derogó unas 300 leyes.
En la antesala del evento, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una declaración que, paradójicamente, le sirvió como argumento a la oposición. En la red social X, advirtió que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” por los aumentos, que fueron posibles gracias a que el DNU modificó la Ley 26.682 que regula la medicina prepaga y se derogó el decreto 743/22, que establecía topes a las subas de las cuotas.
“Nosotros desde el Gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, declaró Caputo, aunque no anunció ninguna medida concreta. Sus palabras fueron replicadas por el kirchnerismo y el senador radical Martín Lousteau, que también había votado en contra del DNU.
Jubilaciones
Por otra parte, el miércoles se reanudará en Diputados el debate sobre jubilaciones en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde la oposición busca avanzar con una ley superadora al DNU que modificó la fórmula de movilidad. Los bloques buscan firmar dictamen (podría haber uno o varios) y llevarlo al recinto, poniendo contra las cuerdas al oficialismo.
Luego de que funcionarios del Gobierno dejaran trascender, en la reunión informativa de la semana pasada, que no otorgarán más compensaciones frente a la inflación de enero (se reconoce solo un 12,5% del 20,6% que arrojó el índice de ese mes), la oposición intentará avanzar con una ley para recomponer los haberes.
Paralelamente, Diputados avanzará en la conformación de comisiones para poner en marcha el trabajo parlamentario. Esta semana se realizarán 17 reuniones para designar autoridades, entre ellas las de Salud (quedaría como presidente el peronista Pablo Yedlin), Juicio Político (asumiría la libertaria Marcela Pagano) y Legislación Penal (quedaría para el “bullrichista” Damián Arabia).