Horacio Aizpeolea
Después de haber presentado hace una semana a través del Ministerio de Justicia una denuncia judicial, ahora el Gobierno nacional, por intermedio de su representante, le pidió al Consejo de la Magistratura que abra una investigación para determinar si los cuatro jueces que viajaron en un chárter privado a Lago Escondido, Río Negro, incurrieron en “algún supuesto mal desempeño”.
La presentación estuvo a cargo del consejero Gerónimo Javier Ustarroz, quien ocupa una de las sillas en el organismo encargado de controlar la conducta de los jueces en nombre del Poder Ejecutivo.
El escrito pone foco sobre las conductas de los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, en referencia al viaje en avión que, en octubre pasado, compartieron con exagentes de inteligencia y funcionarios del gobierno porteño, desde Buenos Aires hasta Bariloche, y después a la estancia del ciudadano británico Joe Lewis. Una serie de chats surgidos del hackeo del móvil de Marcelo D’Alessandro, ministro de Rodríguez Larreta, menciona a los ejecutivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey. Ayer se supo que el lunes la Justicia Federal secuestró documentación de la propiedad de Lewis.
El consejero Ustarroz dice en el escrito que considera “necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo, ya que, de resultar comprobadas, las conductas descritas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones”.
“Si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito -lo que será analizado en sede penal- la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos”, dice la presentación del Gobierno.
El Consejo de la Magistratura está funcionando a medias, inmenso en una crisis institucional que resulta paralizante. Solo 12 integrantes están en funciones, mientras que los otros 8, que representan al estamento político, no serán nombrados hasta que se resuelva la disputa entre el oficialismo y la oposición en el Congreso y la Corte Suprema.
Así, sería poco posible una pronta investigación sobre las conductas de los jueces Ercolini, Yadarola, Carlos Mahiques y Cayssials.
También ayer, un grupo de familiares de las víctimas del ARA San Juan presentó un pedido de recusación contra Ercolini, juez federal, y Carlos Mahiques, camarista. Son dos de los cuatro jueces del viaje a Lago Escondido.
El pedido es para que se aparten de la causa en la que se investiga el posible espionaje a los familiares.
“Resulta imposible no pensar ni especular sobre los temas que se conversaron en el viaje”, dicen los familiares sobre el juez Ercolini y el camarista Mahiques.