Redacción Vía País
Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, presentó ante la Justicia un habeas corpus preventivo y colectivo para que el Gobierno porteño ordene retirar a la policía de la puerta de los colegios.
La actuación, a través de la Dirección Nacional de Políticas, se dio ante las presentaciones recibidas en el Centro de Denuncias de Violencia Institucional realizadas por los padres y alumnos de los colegios que permanecen tomados.
“A partir de denuncias recibidas, desde la @SDHArgentina presentamos un habeas corpus para que se retire la policía de los colegios, al considerar que lxs jóvenes no pueden ser imputados por contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos”, publicó en su cuenta de Twitter Peitragalla Conti.
Una docena de escuelas se encuentran tomadas por estudiantes en la Ciudad. Los alumnos reclaman viandas, mejor infraestructura edilicia y se manifiestan en contra de las prácticas laborales en empresas. El gobierno porteño denunció penalmente a los padres de los chicos que mantienen la medida de fuerza y les reclamará $1,5 millón por cada día de protesta.
“Lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal”
En un comunicado, el organismo dijo que “lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal que implica la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos cuyos estudiantes se encuentran en jornadas de protestas por diferentes reclamos no respondidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
Según afirmó, los policías verifican quien ingresa y sale de los colegios y además “sacan fotos de los/as estudiantes, graban videos y les requieren información”.
“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no puede pasar por alto que los/as estudiantes son mayoritariamente menores de edad, que no pueden ser detenidos/as ni imputados por supuestas contravenciones”, advirtió.
El organismo dijo además en el escrito que “la presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante para que los/as estudiantes, legalmente organizados en los términos de las leyes nº 26.877 de la Nación y 137 de la CABA cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades”.