Carolina Ramos
Funcionarios de los ministerios de Seguridad y Justicia defendieron este miércoles el proyecto de ley para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil y bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad. La iniciativa arrancó un recorrido áspero en la Cámara de Diputados y recibió los primeros cuestionamientos, advertencias y dudas del arco opositor.
La discusión, por momentos tensa, comenzó en las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto, y Familias, Niñez y Juventudes, bajo la conducción de la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO), quien adelantó que habrá nuevas reuniones con especialistas. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda lideraron los discursos críticos, aunque la UCR y Hacemos Coalición Federal también plantearon reparos.
Los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) pegaron el faltazo, aunque el segundo se hizo un tiempo para reunirse a solas con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, mientras transcurría el plenario en el Anexo C y desde la oposición reclamaban que respondieran preguntas. En su lugar asistieron funcionarios.
Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal, consideró que el régimen actual “afecta el nivel de credibilidad que las personas tienen en el sistema de justicia”, y amplió: “La edad de 16 genera un tratamiento inadecuado de delitos graves cometidos por menores que la mayoría de la sociedad y el derecho comparado consideran que deberían ser imputables”.
Además, advirtió que “el derecho penal argentino no está del todo calzado con el derecho constitucional”. En tercer lugar, dijo que “en Argentina la tasa de reiteración delictiva es especialmente elevada en materia penal juvenil” y lo sustentó afirmando que en 2022 fue del 25,3%. El dato no terminó de conformar a los diputados opositores.
Fernando Soto, director de Normativa y Enlace con el Poder Judicial, tuvo un intercambio con el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quien aceptó dar el debate pero con “sensibilidad” y “sin encasillar ni dejarnos correr por consignas”. Soto le dijo a Martínez, diputado por Santa Fe, que “sabe muy bien lo que significan los homicidios en Rosario, donde chicos matan a personas mayores y con la ley actual los mandan a su casa y no pasa nada”.
“Tienen el desafío de lograr lo que el Congreso no hizo hasta ahora: sancionar un nuevo Régimen Penal Juvenil. Tienen la oportunidad histórica de modificar la realidad. Tenemos que resolver un problema que ya tiene casi medio siglo sin cambios”, insistió el funcionario.
Por su parte, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, sostuvo que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los grandes problemas que enfrenta la Argentina” porque “actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”. También indicó que nuestro país se encuentra “en minoría” en la región.
En ese sentido, los funcionarios recordaron que Argentina y Cuba son los únicos países en mantener en 16 la edad a partir de la cual los jóvenes son punibles, pero en la oposición mencionaron una recomendación de Unicef acerca de que la edad no sea inferior a los 14 años y que sea lo más cercana posible a los 18 años.
En esto reparó Christian Castillo (Frente de Izquierda), quien remarcó que el proyecto “viola groseramente el principio de no regresividad de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que no se puede bajar más la edad para ser punibles”. El diputado también reveló que la Conferencia Episcopal Argentina envió a los diputados correos electrónicos donde plantean una “oposición enfática” al proyecto.
Matías Molle, de La Cámpora, también fue contundente contra el proyecto del Gobierno. Alertó que “se toman todos los delitos” y se preguntó en ese sentido si se penalizan “las relaciones sexuales entre jóvenes”. También remarcó que la creación de fueros o juzgados especiales para los menores no está garantizada en la iniciativa oficial, y consultó de qué recursos se dispondrá y cómo harán para poner en marcha el nuevo sistema penal en solo 180 días.
Otra de las voces críticas fue la de Carolina Gaillard, también de Unión por la Patria. “Con este proyecto de Bullrich, un joven de 13 años puede ser arrestado, tener una causa penal o quedar estigmatizado para toda la vida por resistencia a la autoridad. Un joven de 13 años que por su rebeldía le conteste a un policía. Se van a llenar de causas los juzgados; causas mínimas por delitos menores, porque pretenden aplicar a todos los menores el Código Penal”, lamentó.
Desde la UCR, el correntino Manuel Aguirre, autor de uno de los numerosos proyectos presentados que se suman al del Ejecutivo, propuso fijar la edad en 14 años y realizar un “estudio psicológico previo” para determinar “si el chico tenia madurez mental para comprender lo que está haciendo”. También sugirió financiar el nuevo Régimen Penal Juvenil con parte de los fondos que se le otorgaron en carácter secreto a la SIDE (Secretaría de Inteligencia).