Horacio Aizpeolea
El Gobierno nacional anunció que apelará la decisión judicial que puso freno a la suspensión de los programas sociales para los beneficiarios que participen en protestas, corten las calles o estén involucrados en actos de violencia. También se informó que se eliminó una oficina del Ministerio de Capital Humano que, según información oficial, manejaba discrecionalmente “subsidios millonarios” y llegó a emplear, según la actual administración, unos 1.900 trabajadores en el anterior Gobierno.
“Ninguno de estos derechos es vulnerado y esta decisión lo único que logra es beneficiar a las mafias que extorsionan a los pobres obligándolos a ir a una marcha a cambio de un plan social”, justificó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar la ofensiva gubernamental en el área de Capital Humano.
“El Ministerio de Capital Humano va a apelar la decisión del juez Martín Cormick, quien hizo lugar a una medida cautelar que le impide al Gobierno suspender los programas sociales de aquellos beneficiarios que participen en protestas o alteren el orden público”, dijo Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada.
El Gobierno nacional dice que la medida judicial le impide “evitar extorsiones y aprovechamientos espurios de colectivos sociales”, por lo que busca torcer la decisión de Cormick.
“Según el juez, los criterios de exclusión de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, establecidos por el Gobierno, tendrían supuestos indicios de ilegitimidad por atentar contra el derecho a ser oído que generaría un daño irreparable a los sectores vulnerables”, dijo Adorni.
Para el vocero presidencial, “el verdadero daño irreparable es que los amigos de la política se apropien de sus recursos y los utilicen para extorsionar. El Gobierno va a seguir trabajando para que la política social se lleve adelante sin intermediarios y para que la ayuda vaya directa a quien realmente lo necesite”.
El amparo judicial frenó las disposiciones del Gobierno que lo habilitaban a dar las bajas de los planes sociales. Por ejemplo, al que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública”. Igual al beneficiario que incurriese en “actos de violencia que importen la alteración del orden público, que hayan sido notificados de manera fehaciente por los organismos competentes”.
También quedaban afuera de los programas sociales los “prófugos de la justicia penal y/o correccional nacional, provincial o federal”, o los “titulares de más de un bien inmueble, de un automotor, embarcaciones y/o aeronaves, cuya antigüedad sea menor a diez años” y quienes “perciban Jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas” o “hayan viajado al exterior el tiempo suficiente que impida cumplir con la contraprestación correspondiente” que impone el plan social.
El juez Cormick, al fundamentar la suspensión de las disposiciones gubernamentales, dijo que “revisten indicios de ilegitimidad”.
“Aceptar la aplicación de los señalados artículos atenta contra el derecho a ser oído del beneficiario”, dijo el juez, para señalar que el procedimiento administrativo por el cual se suspendía el plan no garantizaba el derecho de defensa. “Suspender el beneficio en forma inmediata puede generar un daño irreparable”, dijo el juez.
Subsecretaría eliminada
Adorni aludió además a la restructuración del Ministerio de Capital Humano, que implicó la eliminación del área llamada “Secretaría de Economía Social”, que estuvo a cargo del referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. En su lugar se creó la Secretaría de Promoción Humana, que se “enfocará en programas esenciales para garantizar la alimentación y la asistencia social sin intermediarios”, dijo el Gobierno.
“La subsecretaría eliminada, que era la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico, manejaba millonarios subsidios destinados a cooperativas con las que aparentemente estaba vinculado. Fue denunciado y es investigado por la Justicia Federal Penal por delitos como fraude a la administración pública, tráfico de influencias, abuso autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, sostuvo el vocero presidencial.
“El área contaba con más de 1900 empleados y programas superpuestos. La motosierra es infinita. Especialmente cuando se trata de avanzar contra los gerentes de la pobreza”, dijo Adorni.
Reclamos en Capital Humano
Los trabajadores estatales enrolados en ATE marcharon este miércoles a Capital Humano en repudio a los nuevos cesanteados. “Pettovello decidió despedir de manera ilegal y sin ninguna explicación a 200 trabajadores y declarar en disponibilidad a otros 1800. Sepa, presidente Milei, que no les vamos a dar respiro, que vamos a vengar a los despedidos y a las familias y niños que quedan en la calle. A ustede que le gusta ir tanto para atrás en la historia, recuerde la Ley del Talión: ‘ojo por ojo’, así será”, escribió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
ATE convocó a un plenario general para el 11 de marzo para definir la continuidad del plan de acción.
En tanto, el dirigente peronista Juan Grabois amplió ante la justicia una denuncia contra la ministra Pettovello por el hallazgo de útiles escolares y comida sin distribuir en un galpón del Gobierno.