Horacio Aizpeolea
El Gobierno anunció que apelará la decisión judicial que le ordenó, entre otras cosas, que presente en un plazo de tres días un cronograma para la distribución en comedores populares de los cinco millones de kilos de alimentos que se acumulan en dos depósitos del Ministerio de Capital Humano.
“La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, fue el argumento que expuso el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante los requerimientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello.
El juez no solo dio un plazo para que la ministra Sandra Pettovello presente un “plan de distribución inmediata” de los alimentos “a los sectores que padecen inseguridad alimentaria” sino que, además, pidió que se informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos hallados la semana pasada en dos depósitos de Capital Humano, uno de ellos en el Gran Buenos Aires y otro en Tucumán.
“De las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría”, explicaron desde el ministerio de Pettovello, aunque esa información, por ahora, no fue respaldada en la justicia.
La investigación judicial fue abierta por una denuncia penal presentada en febrero pasado por distintas ONG, entre ellas el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), referenciado en Juan Grabois, ante la falta de entrega de alimentos a los comedores populares. La denuncia penal es por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La existencia de los alimentos se reveló la semana pasada a partir de un pedido de información pública presentado por el sitio El Destape.
Grabois, además, pidió que se investigue si la oficina local de la Organización de Naciones Unidas (ONU) mantiene vigente el Programa de Abordaje Comunitario en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.
“Es una definición política”
“Obviamente que vamos a apelar la resolución (de Casanello) porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino una definición de política pública y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”, sostuvo Adorni. También explicó que esos depósitos son destinados a la respuesta ante eventuales catástrofes y no para la asistencia de los comedores comunitarios.
Este argumento de Adorni choca con las expresiones que dio el ministro del Interior, Guillermo Francos, cuando en el Congreso se le preguntó por la falta de asistencia del Gobierno nacional ante el temporal que hizo estragos en Bahía Blanca en diciembre pasado. El ministro dijo “que no había un peso disponible para los ATN, no había ningún elemento en los depósitos de Desarrollo Social para repartir en las provincias, pese a que el gobernador Kicillof nos pidió colchones y alimentos”.
“Francos mintió”, dijo esta tarde Victoria Tolosa Paz, diputada nacional peronista y última ministra de Desarrollo Social de la gestión presidencial de Alberto Fernández.
Según explicó, las cantidades encontradas en los depósitos “son el equivalente a un mes de entrega”. Tolosa Paz denunció que además de no repartirse los alimentos “se cortaron todos los procesos de licitación en marcha con el daño que implica interrumpir los trámites administrativos”.
La diputada informó que además de alimentos, en los depósitos también se encontraron 50 camionetas tipo combi, cero kilómetro, para repartir entre los gobiernos provinciales para las áreas de infancia, discapacidad y tercera edad, además de 22 camionetas para ceder a Caritas. En los depósitos se acumulan sillas de ruedas y colchones para asistencia social.
“Los vehículos se compraron en un proceso de licitación pública, y se entregaron en noviembre”, dijo Tolosa Paz al canal C5N.
Sobre las irregularidades encontradas por Pettovello en el registro de comedores, Tolosa Paz explicó que ese registro fue abierto en la pandemia, es online, y no implica que todos los comedores inscriptos hayan sido abiertos o funcionado en algún momento. “Algunos se inscribieron y nunca abrieron, por eso nos los encuentran. Lo que no se entiende es por qué no distribuyen los alimentos entre los comedores cuya existencia sí le consta al gobierno”, dijo Tolosa Paz.
La Conferencia Episcopal Argentina, por medio de su presidente, monseñor Oscar Ojea, pidió que se “entreguen rápidamente” los alimentos de los depósitos estatales y expresó que “preocupa que se vaya perdiendo la sensibilidad ante la necesidad primaria de la comida”.
El Gobierno nacional, a su vez, sigue con atención la causa judicial que inició el ministerio de Seguridad para que se investiguen posibles extorsiones a los beneficiarios de planes sociales. La causa también está a cargo del juez Casanello que ordenó llamar a indagatoria al referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni y otros dirigentes sociales.
El juez determinó que “diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo”.