Carolina Ramos
La tensión entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia por la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan se trasladó al Congreso y al Consejo de la Magistratura. El presidente Alberto Fernández anunció que se ampliará el pedido de juicio político contra los cuatro jueces del máximo tribunal, y, paralelamente, el kirchnerismo vació una reunión del órgano que selecciona y remueve jueces.
“Vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales del juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo”, informó Fernández en el mensaje que brindó por cadena nacional, donde advirtió que la suspensión de los comicios provinciales “deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces”.
Para el Gobierno y los bloques legislativos del Frente de Todos, no fue casual que los fallos hayan salido en medio del juicio político que lleva adelante la Cámara de Diputados, donde se investiga el supuesto mal desempeño de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El juicio político, que tiene como fin destituir a los magistrados, comenzó el pasado 26 de enero en la comisión encabezada por la diputada oficialista Carolina Gaillard, que ya lleva realizadas 13 reuniones. Por allí pasaron numerosos testigos y se recabaron distintas pruebas documentales, que el Frente de Todos incluirá en el dictamen acusatorio.
Los ejes de la acusación eran, originalmente, cuatro: el fallo sobre la composición del Consejo de la Magistratura, que restituyó una ley derogada en 2006; el que ordenó pagarle a la Ciudad de Buenos Aires un 2,95% de los fondos coparticipables; la sentencia del “2x1″, que beneficiaba a represores de la última dictadura; y el manejo presuntamente irregular de la obra social del Poder Judicial.
La comisión ya escuchó testimonios sobre los fallos del Consejo y del “2x1″, y sobre la gestión de la obra social. Este último tema parece ser uno de los más comprometedores para la Corte, no solo por las fallas que se dieron a conocer reunión tras reunión, sino también por la interna que desató entre los propios jueces, que tuvo su pico de tensión con el desplazamiento del histórico administrador del tribunal, Héctor Marchi.
El próximo punto a abordar es el de la coparticipación, y ahora se suman los fallos que suspendieron elecciones en Tucumán y San Juan. Para el oficialismo, en ambos casos hay un denominador común, que es la “vulneración del federalismo”. En ese marco, se espera el testimonio de los gobernadores oficialistas, empezando por los dos que se verían impedidos de competir por la reelección, el tucumano Juan Manzur y en sanjuanino Sergio Uñac.
El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, está convencido de que se está generando un “consenso social y político” en torno al mal desempeño de la Corte. El Frente de Todos incluso tiene mayoría propia en la comisión para firmar un dictamen acusatorio, con 16 diputados sobre un total de 31. Sin embargo, no reúne los dos tercios de los votos que se necesitan en el recinto.
“Presidente, no pasará por el Congreso ni su juicio político patético, que inició después de que el año pasado usted y (Sergio) Massa se alzaran contra la Corte y no les diera la nafta, ni cualquier otro intento de cargarse la independencia del Poder Judicial”, advirtió el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, el diputado opositor más activo en la comisión.
Consejo de la Magistratura
Por la mañana, los representantes del Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura (Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Gerónimo Ustarroz y María Inés Pilatti Vergara) vaciaron una reunión de la Comisión de Labor, presidida por Rosatti, donde se iba a coordinar la agenda del próximo plenario del organismo, que será a fin de mes.
“Con Rosatti no tenemos nada que coordinar”, afirmaron los consejeros. Aunque aclararon que participarán de las próximas reuniones de comisiones y del pleno, explicaron que decidieron retirarse en repudio a las declaraciones de Rosatti en el foro de negocios de AmCham (donde opinó sobre política monetaria) y al fallo sobre Tucumán y San Juan.
Rosatti había asegurado ante empresarios que la Constitución “manda a defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria”. Para los consejeros oficialistas, “además de configurar un claro prejuzgamiento en la materia, constituye una intolerable intromisión en la política económica de los gobiernos y una cuestión no judiciable”.
Sobre los fallos que suspendieron elecciones a cinco días de su realización, sostuvieron que “implican lisa y llanamente la proscripción de la voluntad popular de los ciudadanos de San Juan y Tucumán y una intervención federal de hecho”.