Tomás López
Los países del G20 apoyaron la revisión de los sobrecargos que cobra el Fondo Monetario Internacional (FMI) a las naciones endeudadas, y fue recibido con satisfacción por parte del gobierno argentino. El presidente Alberto Fernández había llevado la propuesta en el contexto del préstamo de ese organismo en 2018 por 44 mil millones de dólares.
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AK final del párrafo 10 del documento aparecen varias de las posiciones que impulsaba Argentina. Entre ellas se pide al FMI “que establezca un nuevo Fondo Fiduciario de Resiliencia y Sostenibilidad (RST), en línea con su mandato, para proporcionar financiamiento asequible a largo plazo para ayudar a los países de bajos ingresos, incluidos los del continente africano, los pequeños estados insulares en desarrollo y países vulnerables de ingresos medianos para reducir los riesgos para la futura estabilidad de la balanza de pagos, incluidos los derivados de las pandemias y el cambio climático”.
“El nuevo RST preservará las características de los activos de reserva de los DEG canalizados a través del Fideicomiso. Nuestros Ministros de Finanzas esperan seguir examinando la política de recargos en el Directorio del FMI en el contexto de la revisión provisional de los saldos precautorios”, añadió.
Una referencia similar ya estaba presente en el documento final de la cumbre de ministros de finanzas del G20 del pasado 13 de octubre, pero obviamente la reconfirmación de la solicitud en la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de este domingo refuerza, a juicio de Buenos Aires, las posibilidades de éxito.
El propio párrafo 10 también contiene otra referencia a una solicitud realizada por el presidente argentino cuando se argumenta que “estamos trabajando en opciones viables para miembros con fuertes posiciones externas para amplificar significativamente su impacto a través de la canalización voluntaria sesgada de los Derechos Especiales de Giro (Dsp) asignado para ayudar a países vulnerables, de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales”.
Con la nueva posición se prevé que los integrantes del G20 devolverán a los países vulnerables 100.000 millones de dólares de la suma total de los Derechos Especiales de Giro (DEG) emitidos por el FMI para afrontar la crisis sanitaria, además de elevar el pedido para que se revisen los sobrecargos, según el comunicado final.
“Acogemos con satisfacción la nueva asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG), implementada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 23 de agosto de 2021, que ha puesto a disposición el equivalente a 650 mil millones de dólares en reservas adicionales a nivel mundial”, añadió.
En la misiva además se reitera su compromiso “con el fortalecimiento de la resiliencia financiera a largo plazo y el apoyo al crecimiento inclusivo, inclusive mediante la promoción de flujos de capital sostenibles, el desarrollo de los mercados de capital en moneda local y el mantenimiento de una Red de Seguridad Financiera Global fuerte y eficaz, cuyo centro sea un FMI fuerte, basado en cuotas y con recursos adecuados”.
“Seguimos comprometidos con la revisión de la adecuación de las cuotas del FMI y continuaremos el proceso de reforma de la gobernanza del FMI en el marco de la 16ma Revisión General de Cuotas, incluyendo una nueva fórmula de cuotas como guía, antes del 15 de diciembre de 2023″.
Por otro lado, en lo que se refiere a la pandemia, sostiene que “a lo largo de 2021, la actividad económica mundial se ha recuperado a un ritmo constante, gracias al despliegue de las vacunas y a la continuidad de las políticas de apoyo. Sin embargo, la recuperación sigue siendo muy divergente entre países y hacia su interior, y continúa estando expuesta a riesgos asociados, en particular la posible propagación de nuevas variantes del Covid-19 y los ritmos desiguales de vacunación”.
“Reafirmamos nuestra determinación de utilizar todas las herramientas disponibles por el tiempo necesario para hacer frente a las consecuencias adversas del Covid-19, en particular para los más afectados, como las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales y de baja calificación, y sobre las desigualdades”.
Con información de ANSA