Carolina Ramos
La magnitud de la “ley ómnibus”, que consta de 664 artículos con reformas en todas las áreas, complicó al oficialismo en la Cámara de Diputados y el debate podría estirarse en el tiempo. Paralelamente, este viernes entra en vigencia el “mega DNU” de desregulación económica y La Libertad Avanza intentará dejarlo discurrir y “cajonearlo” en el Congreso.
La estrategia del bloque oficialista para avanzar con la reforma del Estado aún no está definida. En un principio, los libertarios manejaban como fecha tentativa de sesión el 25 de enero y aspiraban a acotar el debate a cuatro comisiones: Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Legislación General.
No obstante, la discusión podría ralentizarse porque se ampliaría el giro del proyecto dada la diversidad de temas. En la oposición hablan de entre 20 y 25 comisiones y las negociaciones por los lugares están al rojo vivo. Por el despacho de Martín Menem en Diputados pasaron este jueves Germán Martínez (Unión por la Patria) y Cristian Ritondo (PRO), entre otros.
“Ya tenemos un problema: íbamos a trabajar en cuatro comisiones y el proyecto arrasa en las más de 40 comisiones que tenemos. Se nos van acortando los días y no es fácil”, admitió el jefe del bloque libertario, Oscar Zago, a Radio con Vos.
En los pasillos del Congreso brotan las elucubraciones sobre la decisión del Gobierno de enviar un “megaproyecto” en lugar de fragmentarlo para facilitar su tratamiento. “Es una estrategia del Poder Ejecutivo y nosotros nos plegamos a eso”, se limitó a decir una fuente libertaria.
Críticas
Los bloques se encuentran en pleno análisis de la letra chica y en la UCR ya detectaron tres puntos que consideran “inaceptables”: la amplia delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que en los hechos equivale a gobernar sin el Congreso; la suspensión de la movilidad jubilatoria; y la suba de retenciones al campo.
El proyecto delega facultades legislativas en 11 materias donde se declara la emergencia: económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. La delegación rige hasta el 31 de diciembre de 2025 y puede prorrogarse por dos años más, es decir, durante todo el mandato de Javier Milei.
En el caso de las jubilaciones, se suspende la fórmula actual hasta que se apruebe una nueva (no hay plazo para eso). Mientras tanto, el Ejecutivo “podrá realizar aumentos periódicos” vía decreto “atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.
En lo vinculado a los derechos de exportación, el proyecto los fija en un 15% para todas las exportaciones (con excepciones en varias economías regionales), mientras que harina y aceite de soja tributarán el 33%, y la vitivinicultura y el aceite de limón, un 8%.
Otro de los puntos conflictivos, donde puso la lupa el flamante bloque Hacemos Coalición Federal (integrado por el schiarettismo, la Coalición Cívica, Cambio Federal, el socialismo y Florencio Randazzo) tiene que ver con la autorización para privatizar 41 empresas públicas, entre las que se encuentran YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y Ferrocarriles Argentinos.
La complicación es que el listado figura en un anexo, con lo cual tendría que votarse entero a libro cerrado, sin posibilidad de analizar caso por caso. En la bancada liderada por Miguel Pichetto prefieren que haya proyectos por separado para cada compañía.
DNU
Mientras se define el tratamiento de la “ley ómnibus”, este viernes entra en vigencia el DNU de 366 artículos que derogó numerosas leyes, como las de alquileres, abastecimiento y tierras; y modificó numerosas normas vinculadas al régimen laboral, la salud, el servicio de internet satelital y el turismo, entre otros rubros.
Una vez que Jefatura de Gabinete envíe el decreto al Congreso, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (que sigue sin constituirse) tendrá 10 días hábiles para expedirse. Sin embargo, todo indica que el oficialismo apuntará a dejar que el DNU transcurra. “No es un problema inmediato”, dijeron en La Libertad Avanza.
Los bloques legislativos de Unión por la Patria son los más decididos a voltear el decreto en el Congreso. “El DNU es más importante que la ley ómnibus. El gesto de rebeldía que tiene que tener el Congreso es rechazar el DNU”, aseguró una fuente de peso en Diputados.
En el proyecto enviado este miércoles se incluyó un artículo (el 654) para ratificar el DNU. Hay quienes consideran que eso no corresponde desde el punto de vista de la técnica legislativa porque el camino fijado por ley es el de la bicameral.
Por el contrario, Elisa Carrió lo consideró una señal auspiciosa porque “reconoce que podría haberse hecho por ley” y podría revisarse “tema por tema”. En ese sentido se expresaron los diputados Maximiliano Ferraro (titular de la Coalición Cívica) y Juan Manuel López.