Carolina Ramos
La puja por la ley de protección de los humedales estalló al máximo en la Cámara de Diputados. En una decisión que levantó una fuerte polémica, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron posponer el dictamen para escuchar la voz de los gobernadores, que a último momento irrumpieron en la discusión con un pliego de condiciones.
El plenario de comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto tenía previsto retomar este jueves el cuarto intermedio para emitir dictamen, pero el miércoles por la noche el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, y buena parte de la oposición resolvieron suspender la reunión, argumentando que el resultado era incierto.
“Ibamos a ir a un plenario donde no teníamos garantías de emitir dictamen o corríamos el riesgo de que hubiera seis dictámenes distintos, y ese nivel de fragmentación no genera las condiciones para la votación en el recinto. Si queremos que un dictamen llegue al recinto, tiene que llegar con el mayor consenso posible en las comisiones”, explicó Martínez ante este medio.
La decisión fue acompañada por todo Juntos por el Cambio. La nota fue firmada por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal). También acompañó el rionegrino Luis Di Giácomo (Provincias Unidas), socio del oficialismo.
El bloque socialista, que había forzado el tratamiento en comisiones en medio de los incendios en el Delta del Paraná, se enteró de la postergación de manera extraoficial. Varios intendentes de Santa Fe ya tenían listas las valijas para viajar a Buenos Aires a presenciar el debate y tuvieron que dar marcha atrás.
“La decisión fue absolutamente irregular e intempestiva. Nos enteramos a través de los medios y por ‘radiopasillo’ de que se suspendía el plenario de un día para el otro”, lamentó el diputado Enrique Estévez ante este medio, y advirtió que la opinión de las provincias ya fue escuchada en los debates anteriores.
Estévez presentó una queja formal ante la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, acompañado por su par de interbloque Graciela Camaño, otra de las impulsoras de la ley de humedales. En la nota, sostuvieron que “ningún artículo del reglamento habilita esta irregularidad” y exigieron retomar el tratamiento tal como se había acordado.
Por ahora, no hay fecha para la nueva reunión y el debate quedó empantanado, bajo el acecho de los gobernadores del Norte Grande que en los últimos días, viendo que se aproximaba la firma del dictamen, advirtieron que cualquier ley de humedales debe contemplar la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales y la continuidad de las actividades productivas.
Las negociaciones
“No es una ley fácil. Es de consideración política, ambiental, productiva y muy técnica. A las organizaciones ambientalistas alguien les mintió o les hizo saber algo que no refleja las tensiones (algunas lógicas, otras no) que este debate atraviesa. Nos tenemos que sentar y trabajar seriamente”, dijo a este medio un diputado de Juntos por el Cambio interesado en que la ley salga.
La llave para destrabar el tema, según sostienen distintas fuentes, es un proyecto que respete las competencias de la Nación y de las provincias a la hora de avanzar con el ordenamiento territorial y con el inventario de humedales.
En Juntos por el Cambio trabajaron contrarreloj para intentar unificar un dictamen consensuado en base a tres proyectos: uno más “proteccionista” presentado por la santafesina Ximena García y el porteño Maximiliano Ferraro; y otros dos más “restrictivos” impulsados por el correntino Jorge Vara (exministro de Producción provincial) y la entrerriana Gabriela Lena.
También el Frente de Todos intentó acercar posiciones al interior del bloque. En las últimas dos semanas, el despacho de Martínez se transformó en un desfiladero de diputados de distintas provincias que hicieron aportes. Aseguran que incluso representantes del Norte Grande se acercaron a hacer sugerencias.
El encargado de recibir y condensar las propuestas fue Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y la cara más visible del oficialismo en este tema. Grosso tiene presentado un proyecto que replica el dictamen que se firmó hace dos años en su comisión pero que nunca llegó al recinto.
Ese texto podría sufrir modificaciones para ampliar el nivel de acuerdo. A eso aspira el socialismo, que hizo esfuerzos para lograr una redacción más flexible, lejos de sus expectativas pero más amigable para las provincias y los sectores productivos. Estévez se ocupó en persona de hacer los retoques, en varias conversaciones con su comprovinciana García, con Grosso y con Camaño.
En el medio se coló la figura de Sergio Massa, quien dio una señal de que no tiene interés en que salga la ley. Durante la presentación del Presupuesto, el diputado Ricardo López Murphy le preguntó al ministro de Economía si considera que la ley es compatible con el impulso que el Gobierno quiere darle a la minería y al litio. Massa dio rodeos y no respondió.
El debate está más caliente que nunca, al punto que Martínez recibió amenazas en las redes sociales. “Te voy a prender fuego como a los humedales”, fue uno de los mensajes que le enviaron. También Ricardo Buryaile, titular de la Comisión de Agricultura, había sido amenazado de muerte.