Leandro Boyer
En el inicio de la campaña electoral Cristina Kirchner y Sergio Massa acordaron otorgarles a los trabajadores del Congreso de la Nación un aumento salarial de casi 120%, que se replicaría en dietas de los diputados y senadores, y que representa una referencia oficial para las negociaciones paritarias.
La Asociación del Personal Legislativo (APL), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de personal Civil de la Nación (UPCN) celebraron la mejora, que se materializará en tres tramos: 35% a partir del 1 de julio; 35%, a partir del 1 de agosto; y 20%, a partir del 1 de noviembre.
La suba acumulada asciende al 120%, el doble de la ya irreal pauta inflacionaria que el Gobierno nacional redactó en el Presupuesto para este año.
Todo indica que el mismo porcentaje de aumento se trasladará a los salarios de los legisladores, pero hasta el miércoles a la noche esa definición seguía abierta. Es que la titular del Senado y su par de Diputados, la massista Cecilia Moreau, deben firmar la resolución conjunta que establece el aumento para los empleados.
A datos de marzo de este año, un diputado nacional cobraba, entre dieta y gastos de representación, 994.437 pesos. A eso hay que sumarle el suplemento por desarraigo que perciben aquellos que tienen domicilio a más de 100 kilómetros de la Capital Federal.
La actualización de diputados y senadores históricamente estuvo ligada con los acuerdos que definen los gremios parlamentarios, donde tiene mayor representación la APL conducida por Norberto Di Próspero.
Durante la pandemia del coronavirus, Cristina Kirchner y Sergio Massa impusieron otro criterio para que cualquier suba salarial en las cuotas se resuelva mediante una votación en el recinto, pero esa disposición nunca se puso en práctica y finalmente en noviembre del año pasado se derogó el artículo del reglamento parlamentario.
Internamente, el aumento no calmó los ánimos porque muchos trabajadores legislativos advierten que así se amplió la brecha entre los menores y los mayores ingresos. A saber, el sueldo bruto inicial pasará de $161.578,30 a $354.473,68, mientras que el bruto para los cargos más altos irá desde $569.132,72 pesos a $1.245.795,20.
“Debería haber un criterio por el cual las categorías menores tengan mayores aumentos, pero me parece que el nivel de reclamo y el nivel de inflación superó esa posibilidad de alcanzar un acuerdo más solidario”, se quejaron en los pasillos del Congreso.
Más allá de las interpretaciones internas, el aumento que promovieron Cristina Kirchner y Massa (a través de Moreau) constituye una referencia hacia afuera, en línea con la consigna del kirchnerismo de apuntalar la recuperación del poder adquisitivo. Esa pauta la determinó la propia Vicepresidenta en una de sus tantas diatribas contra la gestión de Alberto Fernández.
Aunque queda detrás de la inflación proyectada por los analistas privados (el último Relevamiento del Mercado que realizó el Banco Central adelantó que los precios podrían terminar el año con un salto acumulado del 148,9%, el incremento en el Congreso estimula las negociaciones salariales para mejorar las expectativas.
Para la coalición oficialista Unión por la Patria (UP) y en particular para el ministro Massa que se convirtió en el candidato presidencial de la lista de unidad es clave mejorar el humor social y, se sabe, un primer paso es aliviar el bolsillo.
En ese sentido, otro elemento sobresaliente del aumento en el Congreso es que las mayores partidas se otorgan en la antesala de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), primera instancia en la que el oficialismo deberá exponer su potencial.
Y como ya lo dijo Cristina Kirchner, la fórmula encabezada por Massa tiene como gran desafío conseguir la performance necesaria para no quedar afuera de una eventual segunda vuelta.