Claudia Mercado
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, sostuvo el reclamo de su par ante el Tribunal Oral Federal 2, Diego Luciani, quien insistió en que Cristina Kirchner debe ser, además, condenada como jefa de una asociación ilícita.
Luciani había planteado que la Vicepresidenta debería recibir una pena de 12 años de prisión, el doble de lo que recibió como culpable de administración fraudulenta contra el Estado. La Casación ya tiene el reclamo de la fiscalía y también los del resto de los imputados.
La sentencia del caso Vialidad, para la que se analizaron las 51 licitaciones viales que recibió entre 2003 y 2015 el Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez -exsocio comercial de Cristina Kirchner-, ya ingresó a la Casación Federal para ser analizada.
En ese marco, el 6 de diciembre pasado, el TOF 2 condenó a Cristina por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con una pena de seis años de cárcel. Pero entonces la fiscalía entendía que además debía ser condenada como responsable de comandado una asociación ilícita. Pero solo el juez Andrés Basso respaldó este criterio.
Qué decía la apelación respaldada en Casación
En su apelación, Luciani subrayó que la “contundente sentencia del Tribunal mostró de manera palmaria el acto de corrupción más grave de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia”.
En los fundamentos de la sentencia se habla de que “entre 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción.”
Para el Ministerio Público Fiscal se trató de una de las “matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país, debido a sus características inusuales, su complejidad y a su extensión en el tiempo merced a la decisión de quienes ocuparon las jerarquías más altas del Poder Ejecutivo Nacional”.
La condena por corrupción contra Cristina Kirchner fue unánime. En cuanto a acusarla como jefa de una asociación ilícita, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini coincidieron en plantear que no, mientras que Basso se diferenció de ellos.
El fiscal Luciani, ahora respaldado por Pleé, se mostró soprendido por el criterio dadas “las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita”.
Por qué se habla de una “asociación ilícita”
La causa habla de “direccionamiento de las licitaciones, pagos anticipados indebidos, modificación de los plazos de obra incrementando los costos, sumado a un circuito de pagos exclusivos y una permanente omisión de los organismos de control”.
El hecho de que ese accionar “perdure en el tiempo” fue uno de los elementos en que se apoyó la fiscalía para sostener ante la Casación que la sentencia debe ser modificada e ir por la asociación ilícita.
Luciani dijo que los jueces Gorini y Giménez Uriburu, “se escudaron en una ficción jurídica, efectuaron una interpretación inédita, forzada y errada de la figura de la asociación ilícita y hasta se atrevieron a añadirle al tipo penal exigencias imaginarias que este no contempla”.
Según Luciani, para lograr que la asociación ilícita funcione, “se eligió la adjudicación de obras viales en Santa Cruz y, así, se direccionó la obra pública de esa provincia a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de este y su esposa en negocios y contratos privados obscenos”.
“Se convirtió a Báez, de la noche a la mañana, en un empresario de la construcción”, argumentó Luciani. Y agregó: “Se creó un sistema de corrupción institucional aceitado y eficiente que contó con mecanismos de manipulación de la contratación pública, en el cual se violentaron todos los principios esenciales que la regulan”.
“No se trató de una, dos, tres o cuatro licitaciones públicas ilegales, sino que fueron cincuenta y un proyectos delictivos diferentes amañados en los que se cometieron todo tipo de tropelías, abusos de poder e ilegalidades para que Lázaro Báez fuera beneficiado ilegalmente con obras públicas ejecutadas de manera aviesa y para obtener así recursos económicos millonarios”, subrayó.