Carolina Ramos
La reforma laboral impulsada por el gobierno Javier Milei entra en etapa de definiciones. A días del inicio formal de las sesiones extraordinarias, previsto para el próximo lunes, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, intensifica los contactos con bloques dialoguistas para pulir el texto que La Libertad Avanza quiere llevar al recinto el miércoles 11 de febrero, con el objetivo de alzarse con la media sanción.
El Banco Central ya compró US$ 1.017 millones, pero pierde una buena parte la semana que viene
En el marco de una amplia ronda de consultas que largó esta semana, Bullrich tiene previsto recibir este miércoles por la tarde a senadores del PRO, la UCR, bloques provinciales y el aliado cordobés Luis Juez (que integra un interbloque con La Libertad Avanza) para empezar a cerrar acuerdos en torno al proyecto que recibió dictamen a fines de 2025.
Las negociaciones se darán en paralelo a las que mantiene el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores dialoguistas con los que se fotografió en las últimas semanas. La mayoría de los mandatarios provinciales concuerda en avanzar con una reforma laboral, aunque tienen objeciones en algunos puntos del dictamen.
Uno de los nudos es la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias para las sociedades de capital (las que pagan el 30% bajarían a 27% y las que tributan el 35% pasarían a 31,5%). Como se trata de un impuesto coparticipable, las provincias sufrirán una caída en la recaudación, aunque desde el Gobierno sostienen que lo recuperarán a futuro vía un crecimiento del empleo formal.
Otro de los ejes controvertidos tiene que ver con la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que financiarán las indemnizaciones por despido con el 3% de la masa salarial que será descontado de la contribución a la seguridad social (ANSES). Además, hay dudas sobre la derogación de diferentes estatutos y de leyes como la de Teletrabajo.
Bullrich se embarcó en la tarea de receptar todas las objeciones y, por ahora, no adelanta cuáles serán los cambios al dictamen firmado en diciembre. La idea es que esas modificaciones se hagan directamente en el recinto: no reabrirán el plenario de comisiones, sino que retocarán el texto el mismo día de la sesión.
Los libertarios parten de una base de 21 senadores (20 propios más el cordobés Juez), por lo que necesitan captar 16 voluntades más para el quórum. La UCR tiene 10 integrantes, y el PRO, 3: ambos bloques muestran voluntad de aprobar en general la reforma, aunque trabajan en la letra chica. Por fuera de estos espacios, Bullrich necesita salir a la caza de senadores de distintos sellos provinciales.
La cordobesa Alejandra Vigo no adelanta su postura final, aunque en el debate en comisiones hizo observaciones sobre las “derogaciones masivas” de leyes y estatutos. El gobernador Martín Llaryora se muestra abierto a la discusión, pero en contra de cualquier “retroceso” en los derechos de los trabajadores y de los cambios en Ganancias que afecten la recaudación provincial.
Con Vigo en duda, otros senadores donde el oficialismo fija la mirada son el correntino Carlos “Camau” Espínola (comparte con Vigo el bloque Unidad Federal), los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (responden al mandamás local Carlos Rovira), la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la tucumana Beatriz Ávila, alineadas respectivamente a los gobernadores Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa y Osvaldo Jaldo.
Unión por la Patria, que tiene 28 senadores, ya se expresó en contra y unifica su rechazo al de la CGT, aunque Bullrich se ilusiona con volver a romper la bancada tal como sucedió con la votación del Presupuesto, donde tres senadores vinculados a gobernadores (el catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés) votaron a favor del proyecto de Milei.
En la Cámara de Diputados, el tema ya abrió una grieta en Unión por la Patria: la diputada y exministra de Trabajo albertista Raquel “Kelly” Olmos presentó en las últimas horas su propio proyecto de reforma laboral, que fue acompañado por un puñado de legisladores (como los exfuncionarios Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel) pero no representa al bloque en su conjunto.
Edad de imputabilidad: el oficialismo reimpulsa un debate que quedó a mitad de camino en 2025
En las antípodas del proyecto de Milei, el de Olmos abarca desde la simplificación de la negociación colectiva hasta la reducción progresiva de la jornada laboral, un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales, nuevas licencias parentales y comités mixtos de seguridad, entre otros puntos.