Redacción Vía País
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que atendió diversas causas relacionadas con el atentado a la AMIA, sentenció la responsabilidad de Irán en el ataque, lo declaró “Estado terrorista” y calificó al hecho como un “delito de lesa humanidad”.
La sentencia definitiva fue encabezada por el juez Carlos Mahiques, junto a sus colegas Ángela Ledesma y Diego Barroetaveñina. Además de la causa del atentado también estaba en análisis la llamada AMIA II, que se centró en las irregularidades de la pesquisa penal y el supuesto encubrimiento.
Para Mahiques, tanto el atentado contra la embajada de Israel en marzo de 1992 como el de la AMIA, en julio de 1994, provinieron de una “decisión política y estratégica” de la República Islámica de Irán. En tanto fueron perpetrados por la organización terrorista Hezbollah “que actuó bajo la inspiración, organización, planificación y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatollahs”.
Los jueces señalan que “la responsabilidad internacional debería recaer igualmente sobre el mismo Estado que podría ser calificado como ‘terrorista’, lo cual implicaría la obligación de reparar íntegramente el daño causado, moral y material, abriendo a las víctimas y damnificados una vía de reclamo ante tribunales internacionales” y su “derecho a la verdad”.
Ataque a la AMIA: delito de lesa humanidad
Con la calificación de delito de lesa humanidad, el ataque se convierte en imprescriptible y es alcanzado por el principio de “jurisdicción universal”. Esto significa que cualquier Estado puede enjuiciar y condenar penalmente a sus autores.
En cuanto a las causas de los atentados señalan, por un lado, que Irán se habría vengado por la decisión unilateral del gobierno argentino de cancelar tres contratos de provisión de material y de tecnología nuclear acordados con Teherán, luego de la alianza de Carlos Menem con Estados Unidos y su participación en la primera Guerra del Golfo, en 1991.
Para los camaristas, Irán planificó y ejecutó los ataques terroristas “como una forma extrema de presión para que nuestro país revirtiera por fuerza de la coacción su decisión de cancelar esos acuerdos”.
Por otro lado, la Casación Federal exigió acceder a la documentación y archivos de la ex SIDE. También pidió que “se activen e intensifiquen los canales diplomáticos para reunir la información que los servicios de inteligencia extranjeros conservan relativas al brutal atentado”.
En tanto, también exhortaron a los jueces de las causas conexas pendientes que avancen en ellas con mayor celeridad. A su vez, solicitaron que los poderes Ejecutivo y Legislativo “definan a la brevedad políticas públicas en relación a la instauración del proceso en ausencia”, y la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos como el terrorismo.