Carolina Ramos
Tras la apertura de sesiones a cargo de Javier Milei, el Congreso se prepara para discutir uno de los temas pendientes de las extraordinarias: el presupuesto universitario. Se trata del proyecto que envió el presidente en febrero como vía de escape para incumplir con la ley vigente, que fue ratificada por el Congreso y que contemplaba una recomposición salarial mucho mayor a la que ahora ofrece el Gobierno.
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La iniciativa otorga fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios y el pago de salarios docentes y no docentes, con las “reales posibilidades de financiamiento” en relación al Presupuesto 2026. Bajo ese paraguas, recompone los salarios sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, cuando la norma sancionada el año pasado tomaba como punto de partida el mismo mes de 2023.
Lo que propone el Gobierno es otorgar el incremento en tres tramos del 4,1% cada uno: el primero marzo, el segundo en julio y el tercero en septiembre de este año.
Una vez que se sancione la ley, el Ejecutivo deberá convocar al personal docente y no docente a la negociación paritaria, con carácter obligatorio y una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario. Este punto ya estaba contemplado en la norma aprobada, pero el Gobierno también lo incumple.
En cuanto a los gastos de funcionamiento, se ajustarán en la medida en que la inflación calculada por el Indec supere el 14,3% promedio anual, que fue la proyección con la que se elaboró el Presupuesto 2026. Además, se incrementan en más de $ 80.072 millones los fondos destinados a los hospitales universitarios.
Con la presentación de este nuevo proyecto, el Gobierno intentó tender un puente con rectores y desactivar el conflicto judicial abierto por del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), que pidió declarar inconstitucional el decreto que suspendió la aplicación de la ley del Congreso bajo el argumento de que no especificaba el origen de los fondos.
La maniobra que hizo el Ejecutivo en ese decreto fue promulgar la ley “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629”, que dice que si una ley no contempla sus fuentes de financiamiento, “quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional”.
El CIN ya logró una medida cautelar a su favor y, si bien recientemente reafirmó el reclamo, los rectores están divididos: hay un sector que resignó pelear por la recomposición salarial total y eligió abrir un canal de diálogo con el Gobierno. Esas conversaciones las llevaron adelante el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
El Ejecutivo envió el nuevo proyecto a la Cámara de Diputados una vez que estuvo sancionado el Presupuesto Nacional, donde se asignaron $4,8 billones para las universidades nacionales. El CIN reclamaba $7,3 billones.
Rechazo sindical
La CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) advirtió en un comunicado que “la única solución posible es el cumplimiento de la ley vigente”, que fue votada nada menos que cuatro veces por el Congreso (ambas Cámaras la aprobaron y luego la ratificaron), sin contar que se había sancionado una ley similar en 2024.
“Para no cumplir la ley vigente, el gobierno presenta un proyecto que pretende concentrarse casi exclusivamente en los gastos de funcionamiento y en las partidas para hospitales, desconociendo que el 90% del problema es salarial”, advirtió la Conadu.
En ese sentido, alertó que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 los salarios se redujeron “en más de un 30%”, por lo cual “hoy deberían aumentar un 55% para tener el poder adquisitivo de noviembre de 2023”.
En sintonía, la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) calificó el proyecto del Gobierno como una “estafa” que “echa por la borda todo lo conquistado con paros y movilizaciones de un millón de personas en más de 100 ciudades”.
No solo advirtieron por el conflicto salarial: también señalaron que las becas “están congeladas en $35.000” y que “se redujo la cantidad de beneficiarios en un 62,4%”.
El debate parlamentario
El proyecto fue incluido en el temario de extraordinarias, pero no se trató. Ahora el oficialismo busca activarlo, aunque todavía no tiene una hoja de ruta clara. Primero deberá constituirse la Comisión de Educación (que hasta diciembre presidía el exministro de Educación macrista Alejandro Finocchiaro) para reunirse en plenario con Presupuesto y Hacienda.
En la oposición ya empezaron a sembrar el terreno. La semana pasada, diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda realizaron una audiencia pública con representantes de la comunidad universitaria y rechazaron la nueva iniciativa del Gobierno.
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Del encuentro participaron Sandra Torlucci (Universidad de las Artes), Rubén Soro (Universidad Tecnológica Nacional), Germán Pinazo (Universidad Gral. Sarmiento) y Mónica Biasone (Universidad de Mar del Plata), entre otros. Soro sostuvo que la situación es “muy grave” y alertó que el proyecto del Ejecutivo “persigue un solo objetivo que es la destrucción total de la universidad pública”.