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| viernes, 12 de junio de 2026
Dos profesionales de la psicología fueron denunciadas por su participación en el proceso de definición de la tenencia de Ángel López, el niño de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia.
Se trata de Jennifer Leiva y Vanesa Marín, quienes realizaron los informes periciales que integraron el expediente judicial en el que se resolvió otorgar la custodia a su madre, hoy detenida junto a su pareja.
La presentación fue realizada por una fundación y cuestiona el impacto que habrían tenido esos informes en la decisión del juez interviniente.
Según los denunciantes, se trató de evaluaciones determinantes que no habrían reflejado con precisión el entorno familiar en el que viviría el menor, un punto que ahora vuelve a quedar bajo la lupa tras el trágico desenlace del caso.
Uno de los puntos principales de la acusación apunta a la ausencia de un estudio ambiental integral que permitiera analizar en profundidad las condiciones reales del entorno donde viviría el niño. Según la presentación, ese tipo de evaluación habría sido clave para detectar posibles escenarios de vulnerabilidad.
Asimismo, se sostiene que existían antecedentes previos relacionados con la madre, incluyendo episodios vinculados al cuidado del menor que ya habían generado inquietud en el ámbito judicial. Para quienes impulsan la denuncia, estos antecedentes no habrían sido considerados con la debida profundidad en los informes incorporados al expediente.
En paralelo, la causa también incorpora elementos previos vinculados al entorno del niño. Distintos testimonios señalan que el menor habría mostrado modificaciones en su comportamiento antes del traslado, con señales de angustia e irritabilidad que fueron advertidas en el ámbito escolar.
Toda esta información está siendo evaluada por la Justicia en el marco de la investigación, que busca establecer si existieron errores o deficiencias en las evaluaciones profesionales que pudieron influir en la decisión de revinculación. El caso provocó un fuerte impacto y reabrió el debate sobre el rol de los informes técnicos en los procesos de tenencia.
De acuerdo con lo establecido en la autopsia, el niño sufrió muerte cerebral vinculable a una "hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea".
No obstante, aún restan estudios complementarios e histopatológicos que permitirán precisar con mayor exactitud la cantidad y el tipo de lesiones detectadas en el cuerpo del menor.
Aylén Barrera Arciniega