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| viernes, 12 de junio de 2026
Este miércoles, se llevó adelante una nueva audiencia del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce y contó con un testimonio revelador. Fue el de Carlos Alberto González, un expolicía, contratado como investigador privado por la familia de la víctima, quien presentó videos realizados de manera oculta y que complican aún más a Nicolás Pachelo.
González tomó contacto con la familia de la socióloga en 2003 y su trabajo fue certificado por un escribano público. Parte de la investigación constó de cámaras ocultas, que vinculan a Nicolás Pachelo con la compra de balas del mismo calibre del arma homicida en el Carmel.
El expolicía detalló que hizo las grabaciones luego de que Francisco Pachelo, hermano del acusado, le dijera a John Hurtig que Nicolás era el asesino de su hermana. Los videos presentados fueron tres, grabados con un portafolio que llevó a la audiciencia y sobre el cuál explicó el funcionamiento a los jueces.
El primer video es de noviembre de 2003 y muestra un encuentro entre González y Mario Rivero, un exempleado de la tosquera familiar de Pachelo. En este material, Rivero admitió que fue a comprar proyectiles calibre 32 a la “pajarera” de Del Viso junto al acusado. “Me mandó a mí, él no se quería bajar”, decía el casero en ese entonces.
“Vino por unos tiros. Tiró seis o siete. No salían todos. No sé si por las balas o por el arma. Él me dijo que después el revólver me lo iba a dejar a mí, pero nunca me lo dio”, agregaba en otro de los videos. Rivero falleció en enero pasado.
En uno de los videos, González le pregunta a Rivero cuándo se realizó la compra de las municiones y le da como opciones “septiembe u octubre”, pero el casero respondió: “O noviembre... Hacía calor. Fue después del lío que tuvo en el country”.
El asesinato de María Marta García Belsunce fue el 27 de octubre de 2002, por lo que, según se aferra la defensa de Pachelo, los dichos de Rivero darían la pauta de que la compra se realizó luego del crimen. No obstante, el investigador privado consideró que Rivero hacía referencia a ese “lío” por los robos que habían tenido lugar en el country antes del homicidio y de los que también Pachelo era acusado.
Asimismo, los abogados defendores pusieron en duda la validez de la prueba. “Es una compra ilegal y en esa época no se podía grabar sin orden judicial ni comprar sin habilitación del Renar”, subrayó Marcelo Rodríguez Jordan antes de que pasaran los videos comprometedores.
Al respecto, el fiscal Andrés Quintana dijo que el material, certificado por escribano, fue incorporado como prueba, admitida por el tribunal y por la defensa. “La libertad probatoria tiene límites”, enfatizó Rodríguez Jordan. Enseguida, el juez Federico Ecke puso fin a la discusión: “La nueva Ley rige en este acto”.
Redacción Vía País