Lucas Álvarez Ferrari
El 18 de enero de 2015, el fiscal Natalio Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero, en el complejo Le Parc, con un disparo en la cabeza. Su cuerpo yacía junto a una pistola calibre 22. El arma se la había entregado el perito informático Diego Lagomarsino, estrecho colaborador del fiscal y que fue procesado como partícipe necesario en la muerte de Nisman. Así fue como, mientras la Justicia Federal dio por probado que Nisman fue asesinado, pero sin determinar quién lo hizo y por qué, la defensa de Lagomarsino sostuvo la teoría de que fue un suicidio.
Al día siguiente a su muerte, el 19 de enero de 2015, Alberto Nisman estaba citado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para concurrir al Congreso. En esa cita debería brindar información sobre la imputación que realizó a la entonces jefa de Estado, Cristina Kirchner, y su Canciller, Héctor Timerman.
El fiscal Nisman investigaba a funcionarios nacionales y dirigentes políticos del oficialismo de ese entonces por el delito de presunto encubrimiento en el marco de la investigación por el atentado contra la AMIA. Este sábado 18 de enero se cumplen 10 años desde la muerte de Alberto Nisman y la causa todavía no ha tenido un desenlace, pero sigue más abierta que nunca.
El proceso judicial del caso Nisman
El día siguiente al hecho, el entonces decano de la Morgue Judicial, Roberto Godoy, le informó a la fiscal Viviana Fein que no hubo intervención de terceros en la escena. En mayo de 2015, la Junta Médica que analizó el caso, conformada por peritos del Cuerpo Médico Forense, de la Policía Federal y de las partes, concluyó que no había indicios para sostener que se trató de un homicidio.
Sin embargo, en marzo de 2016 la jueza Fabiana Palmaghini elevó el expediente al fuero federal. Allí la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón: sostuvo que, al tratarse de la muerte de un fiscal federal en ejercicio de sus funciones, el hecho debía ser investigado por el fuero federal.
El expediente quedó en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Eduardo Taiano. En 2016, el fiscal encomendó un nuevo peritaje, pero esta vez se eligió a la Gendarmería Nacional Argentina. El estudio realizado concluyó que en la muerte de Nisman “habrían participado terceras personas ajenas a la víctima, que además intentaron simular su suicidio”.
En diciembre de 2017, Ercolini procesó a Diego Lagomarsino como partícipe necesario del delito de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”, por haber entregado el arma con el que se produjo la muerte. También fueron procesados 4 custodios de Nisman por “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al dejar ingresar el arma que provocó la muerte.
Estos procesamientos fueron confirmados en junio de 2018 por la Sala II de la Cámara Federal Porteña. Desde entonces se ha llevado a cabo una incesante investigación, en la que se tomó la declaración testimonial de 64 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia; se realizó el entrecruzamiento de llamadas telefónicas en las horas previas y posteriores al hecho; y se profundizaron las medidas de prueba por “fundadas sospechas vinculadas al accionar del personal de inteligencia del Ejército Argentino”. Todo eso desembocó en el informe presentado por Eduardo Taiano el pasado 10 de enero.
El informe sobre el caso Nisman presentado en 2025
El viernes 10 de enero, la Fiscalía Federal N.º 3, encabezada por Eduardo Taiano, presentó un informe en el que reafirmó que el Alberto Nisman fue asesinado debido a su trabajo en la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA).
De acuerdo con el documento, “se corroboró la participación activa de terceras personas” que ingresaron al departamento, redujeron a Nisman, lo trasladaron hasta el baño y “allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015″.
El informe también aborda la participación de Lagomarsino: “Se verificó que como parte del plan criminal tendiente a simular un suicidio fue necesario facilitar el ingreso al domicilio de un arma con un vínculo verificable que permitiera franquear accesos y controles hasta el Dr. Nisman e inicialmente implantar la duda respecto del fatal desenlace -concepto conocido como ‘arma amiga’-”
La causa aún no llegó a juicio oral, y tampoco se sabe nada sobre los autores intelectuales y materiales del presunto homicidio. El documento de Taiano, en su última oración, concluye: “Se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía”.