Mecha Martínez
Un fiscal federal emitió un dictamen donde señaló que las personas que usurparon terrenos en Pérez y construyeron sus viviendas cercanas al tendido eléctrico de la empresa Transener no cometieron ningún delito y pidió que sea el Estado quien relocalice a esas familias en un lugar seguro.
El pasado 14 de enero, la empresa Transener, denunció que se habían construido precarias viviendas dentro de dos líneas de alta de tensión de 220 kv. y 500 kv ubicadas entre Pérez y Funes, por lo que la fiscalía federal promovió acción penal ante la presunta comisión de delito y dio intervención a la División Operativa de la Policía Federal.
Es así que, luego de distintas averiguaciones, se confirmó que los terrenos en efecto eran propiedad del Estado Nacional. Se determinó un potencial peligro para la salud de los habitantes de la zona, por lo que el Fiscal Arzubi Calvo solicitó al Juzgado federal Nº 4 una serie de medidas para resguardar a la población alojada en ese lugar.
Transener advirtió del peligro que generaría la descarga a tierra de energía eléctrica y ejemplificó que eso podría ocurrir con “voladuras de chapa, el vuelo de un barrilete, o cualquier otro elemento que interfiera en los cables”.
Por este motivo, y así lo informó el medio Rosario 3, se ordenó a la Agencia de Hábitat de la Ciudad de Pérez y a la Secretaria de Hábitat, Urbanismo y Vivienda del gobierno de la provincia de Santa Fe, que en un plazo de 30 días desde la recepción del oficio respectivo, se procediera a una evaluación de una alternativa habitacional para la relocalización de dichas familias y pidió que se tomaran medidas para evitar el posterior ingreso de personas. Además, solicitó que los organismos indicados se abstenga de la utilización de la fuerza pública.
Además la Fiscalía requirió a la Municipalidad de Pérez un relevamiento de las viviendas y que se proceda a evaluar y determinar alternativas habitacionales para relocalizar a las personas que se encuentran en dichos terrenos.
Arzubi Calvo evaluó que “del análisis de los elementos probatorios reunidos hasta el momento, no surge que la presencia de las viviendas en la zona de seguridad que rodea las torres de alta tensión impida, de algún modo, el normal transporte de energía, ni que se vean entorpecidas las tareas de control y mantenimiento de las referidas líneas”.
También sostuvo que no puede imputarse el delito de usurpación de los terrenos del Estado cuando el propio Estado incumplió la realización de acciones positivas para que esas personas accedan al derecho constitucional y convencional a la vivienda.
“La presencia de estas familias asentadas en viviendas precarias en las inmediaciones de las torres de la empresa Transener SA se debe a la imposibilidad de poder acceder a una vivienda digna debido al estado de necesidad de las mismas generado por el problema habitacional”, indicó el fiscal. Y pidió “se arbitren los medios necesarios para resolver la problemática habitacional de las familias mencionadas” y que “no intervenga personal policial para la resolución de los hechos”.