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| jueves, 11 de junio de 2026
La Justicia de Entre Ríos avanza en la investigación por presuntas irregularidades en el sistema de adicionales dentro de la Policía provincial, una causa que en los últimos días sumó medidas concretas en la ciudad de Paraná.
De acuerdo a lo publicado por Análisis Digital, la Fiscalía llevó adelante un procedimiento en la División 911 y Videovigilancia, donde se recabó documentación relevante para la causa. La medida, solicitada por el fiscal Gonzalo Badano, consistió en una orden de presentación de pruebas, sin que se tratara de un allanamiento.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por un grupo de policías en actividad, quienes señalaron la posible existencia de maniobras irregulares vinculadas al manejo de fondos provenientes de servicios adicionales. Los denunciantes solicitaron preservar su identidad y pidieron garantías para evitar represalias dentro de la fuerza.
Según la presentación judicial, la acusación no se limitaría a hechos aislados, sino que apuntaría a una estructura más amplia dentro de la institución. Entre los señalados aparece el jefe de la División 911, junto a otros funcionarios policiales, en un esquema que —según los denunciantes— podría tener capacidad de sostener y encubrir la operatoria.
La denuncia fue impulsada por el abogado Rubén Pagliotto, quien calificó el caso como de “extrema gravedad institucional”. En el escrito se mencionan posibles delitos como peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica y encubrimiento.
En paralelo, otras publicaciones periodísticas detallan que la hipótesis judicial apunta a un posible sistema en el que los servicios adicionales se registraban a nombre de determinados funcionarios, aunque en la práctica eran realizados por otros agentes. También se investiga el uso de recursos estatales —como móviles y logística del 911— para tareas privadas o paralelas, así como circuitos de cobro por fuera de los canales formales.
Incluso, la denuncia sostiene que podría haberse generado una “caja paralela” con fondos provenientes de estos servicios, lo que refuerza la hipótesis de un mecanismo organizado dentro de la fuerza.
La causa se encuentra en una etapa inicial, con recolección de pruebas documentales y análisis de la información obtenida. Desde la Fiscalía no se descartan nuevas medidas en los próximos días, en un expediente que podría tener derivaciones de alto impacto dentro de la estructura de seguridad provincial.
Redacción Vía Paraná