Los abogados defensores del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri pidieron este viernes el sobreseimiento, en la audiencia por la elevación a juicio de la causa conocida como "Sueño entrerriano", en la que se investiga el desvío de 47 millones de pesos para promocionar su campaña presidencial de 2015.
Los letrados Raúl Barrandeguy e Ignacio Díaz también pidieron el sobreseimiento del actual diputado provincial y ex ministro de Comunicación y Cultura provincial, Pedro Báez ya que consideran que "no hay delito".
Los delitos por los que los acusan son "negociaciones incompatibles con la función pública", "direccionamiento de publicidad oficial" y "peculado", entre otros, explicaron fuentes judiciales.
Ante el juez a cargo de la audiencia, Ricardo Bonazzola, consideraron que "los decretos que aprobaron las partidas de dinero pasaron sin reparos el filtro del control administrativo" correspondiente.
Además, indicaron que de haber cometido un delito, deberían ser imputados también los responsables de dichos organismos de control administrativo.
En diciembre pasado, el Ministerio Público Fiscal integrado por Cecilia Goyeneche, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano pidió 9 años de prisión para Urribarri, y 8 para Báez.
También están imputados los excoordinadores de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur, Gustavo Javier Tórtul y Hugo Félix Céspedes; el exministro de Turismo provincial, Hugo Marsó.
El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; la contadora de las empresas implicadas, Corina Cargniel, y el exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Caruso, también figuran en la causa.
Para Tórtul, Marsó, Céspedes y Caruso solicitaron cuatro años de prisión y seis para Cargniel, mientras que para Aguilera pidieron una pena de ocho años de prisión.
También para todos los implicados solicitaron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.
Si bien fueron tres las causas que se iniciaron, los fiscales unificaron los expedientes ya que todos se basan en la "utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial de Urribarri durante 2015".
Según la investigación, se desviaron 4.308.500 pesos destinados a la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales contra los fondos buitre; y 14.561.870 de pesos para la instalación de un parador playero en Mar del Plata.
Asimismo, siempre según la investigación judicial, se utilizaron cerca de 28 millones de pesos para contratar a la productora "Nelly Entertainment" de Jorge "Corcho" Rodríguez, para difundir spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Paraná en 2014.
A mediados de 2017, Rodríguez acordó con la fiscalía la suspensión del juicio a prueba por un año, el pago de 150.000 pesos al Estado y realizar "campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos".