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| lunes, 08 de junio de 2026
Una pareja oriunda de Oberá, condenada inicialmente a prisión perpetua por el asesinato de su hijo de cuatro meses, recuperó la libertad luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Misiones redujera la condena a cinco años de cárcel. El fallo modificó la calificación legal del hecho, que pasó de homicidio calificado por el vínculo a homicidio culposo, al considerar deficiencias en la instrucción de la causa y elementos incorporados durante el juicio.
El caso se remonta a enero de 2021, cuando el cuerpo del bebé fue hallado enterrado en una pequeña fosa a la vera del arroyo Barrero, en una chacra de Picada La Madrid, en el límite entre San Martín y Oberá. El hallazgo se produjo luego de que la madre confesara ante una hermana y un efectivo policial que el niño había fallecido y guiara a las autoridades hasta el lugar donde estaban los restos.
En septiembre de 2022, el Tribunal Penal Uno de Oberá condenó a ambos progenitores a prisión perpetua al considerar probada la responsabilidad penal en la muerte del niño y el posterior ocultamiento del cuerpo. Sin embargo, tras la apelación de la defensa, el máximo órgano judicial provincial admitió el recurso de casación y modificó la sentencia, entendiendo que no pudo acreditarse la intención homicida.
Durante la investigación y el juicio oral, la causa estuvo marcada por versiones contradictorias. La madre dio distintos relatos sobre el destino del bebé, incluyendo que lo había dejado al cuidado de terceros o que lo había dado en adopción. Recién en la etapa final del proceso sostuvo que la muerte se produjo por un accidente. El padre, por su parte, negó responsabilidad y atribuyó el hecho a su ex pareja.
El expediente también incorporó testimonios clave que reconstruyeron los días previos al hallazgo del cuerpo. Vecinos y productores rurales declararon haber visto a la pareja en condiciones precarias y relataron episodios que generaron sospechas sobre el estado del bebé y su posterior desaparición.
Pese a que la fiscalía había solicitado la pena máxima, respaldada inicialmente por el tribunal de juicio, el Superior Tribunal consideró que las inconsistencias probatorias y las falencias en la investigación impedían sostener una condena por homicidio doloso. Con la nueva pena fijada en cinco años de prisión, ambos imputados ya cumplieron el tiempo establecido y se encuentran en libertad.
El caso continúa generando fuerte impacto y debate en la opinión pública por la gravedad del hecho y el giro judicial que modificó sustancialmente la condena original.
Jimena Leguizamón