Jimena Leguizamón
La causa por corrupción de menores que sacude a El Soberbio sumó nuevos avances judiciales. El Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente confirmó que el docente Emanuel Emiliano F., detenido a finales de septiembre, seguirá privado de su libertad mientras continúa la etapa de recolección de pruebas.
La resolución se basó en la existencia de riesgos procesales y en la posibilidad de que su liberación afecte la integridad de las niñas víctimas, todas alumnas de entre 9 y 12 años de la Escuela de Frontera N.º 617.
El proceso abrió además una nueva línea de investigación orientada hacia el rol de las autoridades del establecimiento. La querella solicitó formalmente que se amplíe la imputación penal contra la directora, Elizabeth María L. de M., y la docente Noelia Vanessa T., a quienes se atribuyen hechos de encubrimiento agravado, falsificación de instrumento público, incumplimiento de deberes de funcionario público y, en el caso de la directora, falso testimonio.
El planteo sostiene que entre mayo y junio de 2025 habrían tenido conocimiento de las conductas del acusado, pero optaron por manejar la situación de manera interna, sin activar los mecanismos obligatorios de denuncia.
Según los elementos presentados, esa omisión permitió que las conductas del imputado se reiteraran hasta septiembre, cuando finalmente tomó estado público la denuncia de un grupo de padres. La querella también señaló una reunión informal realizada el 20 de septiembre entre la directora, la docente y el acusado, en la que presuntamente se habría intentado coordinar una versión común para presentarse ante las autoridades. Días después, un acta escolar fechada el 23 de septiembre fue incorporada a la causa, documento que ahora es investigado como ideológicamente falso por presentar contradicciones entre los relatos de las docentes.
En paralelo, se solicitaron medidas urgentes como el secuestro de dispositivos electrónicos de las involucradas y del libro de actas original, ante la sospecha de que existe una estructura interna que habría protegido al acusado y obstaculizado la investigación. Para las familias de las víctimas, el comportamiento de las autoridades no sería una simple negligencia, sino una maniobra deliberada destinada a preservar la imagen institucional.
El Consejo General de Educación de Misiones ya había separado preventivamente de sus funciones a cinco docentes de la Escuela 617 el pasado 24 de septiembre, luego de que se conocieran las primeras denuncias.
El maestro detenido, de 29 años, enfrenta acusaciones de por lo menos trece padres que señalaron que llevaba a alumnos de séptimo grado a la sala de informática para tomarles fotografías en distintas posiciones. La Justicia continúa avanzando en la consolidación de pruebas y en el análisis de responsabilidades dentro de la institución.