Jimena Leguizamón
El cuerpo legislativo de Oberá ha dado luz verde a una ordenanza que busca controlar y prevenir actividades ilícitas vinculadas a los metales no ferrosos en el municipio. La normativa, respaldada por los concejales, subraya la necesidad imperiosa de regular estas actividades debido a la falta de control existente y la creciente demanda de estos materiales, lo cual ha propiciado un aumento de delitos relacionados con su obtención. Tales acciones delictivas no solo afectan al comercio local, sino que también generan perjuicios a toda la comunidad.
La ordenanza establece que los establecimientos comerciales que manejen metales no ferrosos, como desarmaderos, chatarrerías y depósitos, deben cumplir con una serie de normativas que garanticen el orden y el control de sus actividades. Esto busca atender a los reclamos de seguridad de la comunidad y prevenir situaciones como cortes de energía eléctrica, consecuencia de actividades delictivas relacionadas con estos materiales.
La concejal María Luisa Glum, al respecto, destacó la importancia de esta medida, señalando que se han recibido numerosas quejas y denuncias relacionadas con actividades ilícitas vinculadas a los metales no ferrosos. Resaltó también la necesidad de llenar el vacío legal existente en este ámbito y anunció que se está trabajando en coordinación con otros concejos municipales del Departamento para establecer criterios comunes y elaborar una normativa que regule la compra y venta de estos materiales.
Según lo adelantado por Glum, la implementación de esta normativa estará a cargo del Poder Ejecutivo, específicamente del área de finanzas, que se encargará de llevar un registro de los comercios dedicados a la venta de metales no ferrosos, así como de aquellos que realizan transacciones de compra. Los establecimientos serán inspeccionados para garantizar el cumplimiento de ciertos requisitos, como la presentación de facturas de compra y transporte. Aquellos comercios que no cumplan con los requisitos establecidos enfrentarán sanciones por parte del Ejecutivo municipal.
El alcance de esta normativa se extiende a todas las personas físicas o jurídicas que realicen actividades comerciales relacionadas con metales no ferrosos, incluyendo la venta, reducción, fundición, fabricación de bienes que contengan estos materiales, así como depósitos y chatarrerías.
Fuente: El Territorio