Un grupo de diez gobernadores de la región Norte Grande, encabezados por el mandatario riojano, Ricardo Quintela, elevarán un pedido al presidente Alberto Fernández para discutir una nueva ley de promoción industrial, que se implementó durante casi 40 años y por la cual Mendoza acudió a la Corte Suprema y desistió del reclamo a cambio del financiamiento de Portezuelo del Viento.
La norma, que otorga beneficios fiscales a las empresas que se radiquen durante cierto tiempo en las provincias beneficiadas, ha sido discutida nuevamente por el gobierno mendocino, que adelantó que en caso de que avance la idea impulsada por La Rioja, reclamará una convocatoria amplia y se respete lo que dicta la Constitución Nacional (art. 75, incisos 2 y 3) en cuanto a que un proyecto de tales características debe ser aprobado con mayoría especial en el Congreso.
Así lo afirmó el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, quien cuestionó la iniciativa. “Repetir políticas que dieron malos resultados nos parece un grave error. La promoción industrial, que nació con los militares y Martínez de Hoz y renovó Menem, fue perjudicial para Mendoza, pero tampoco ayudó a provincias beneficiadas”, expresó.
El funcionario provincial indicó que la antigua promoción industrial “le costó al país algo más de 50 mil millones de dólares y no se vieron grandes beneficios sobre las provincias destinadas, aunque sí se dio el perjuicio para el resto de Argentina”.
“Es un instrumento que no sirvió y me parece raro que volvamos a discutir cosas que fracasaron. Si lo miramos desde la perspectiva exclusivamente riojana, quizás pueda haber tenido un beneficio chico que no justifica lo que perdió el país. Es una visión individualista y hay que buscar una respuesta factible para todos”, afirmó Vaquié.
Vaquié consideró que por el momento macroeconómico que atraviesa la Argentina, “con el gobierno nacional muy preocupado por la situación fiscal, no veo espacio para un acuerdo nacional por una promoción para diez provincias con un alto costo fiscal”.
Más allá de su consideración, remarcó que si avanzase la propuesta, “la Constitución Nacional pide acuerdos amplios, lo que significa que el presidente deberá convocar a todos los gobernadores”. Fuente Sitio Andino