Ignacio de la Rosa
En noviembre de 2019, tras poco más de tres meses de juicio y audiencias, los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el ex jardinero Armando Gómez fueron condenados a 42, 45 y 18 años de prisión –respectivamente- tras ser declarados culpables de haber cometido abusos sexuales contra ex estudiantes del instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo). Al momento de haber sufrido estos brutales ataques, las víctimas –sordas- eran menores de edad. A las condenas de los sacerdotes y del ex jardinero se sumó la del ex monaguillo Jorge Bordón, quien también se desempeñaba en el “instituto del terror” y en 2018 ya había sido condenado a diez años de prisión como autor de abusos.
El caso de abusos sexuales eclesiásticos tomó trascendencia mundial. Pero contaba con otras nueve imputadas, entre ellas dos monjas, la ex representante legal del establecimiento y un grupo de ex directoras, una psicóloga y la ex cocinera del instituto. Todas ellas, a excepción de una de las monjas, llegaron con imputaciones como partícipes primarias de estos abusos. Ya sea como facilitadoras o como partícipes por omisión (no denunciaron lo que ocurría en el interior del establecimiento). En tanto, la mencionada monja tiene –además- algunas imputaciones como autora de abusos sexuales.
Y si bien en mayo de este año comenzó este segundo juicio, es poco y nada lo que se ha logrado avanzar en las audiencias hasta el momento. Incluso, según denuncian los jóvenes que fueron abusados mientras estudiaban y dormían en el lugar, se los está citando para que declaren en las audiencias (en situaciones concretas), aunque sufren constantes destratos y malos tratos en las audiencias, además de quedar expuestos a situaciones de revictimización.
Para visibilizar estas situaciones en las que –destacan- se encuentran vulnerados, el próximo lunes 20 de septiembre a partir de las 10 el Colectivo de Sobrevivientes del Próvolo se concentrarán en las escalinatas de los Tribunales de Mendoza.
“En las familias y en las víctimas que han ido a declarar hasta ahora hay un enojo generalizado. A muchos chicos se los citado mil veces para que vayan y muchas veces ni siquiera han alcanzado a declarar. Han estado horas enteras esperando y sin pasar. Ellos entienden que tienen que hacerlo y por eso se presentan, pero necesitan que sea con ciertos cuidados. Porque es revictimizante. No puede ser que estén toda la mañana esperando, ir para que no se los llame. Muchos chicos vienen siquiera sin desayunar”, destacó uno de los abogados que acompaña a las víctimas en el juicio, Lucas Lecour a Vía Mendoza. Además, Lecour es el presidente de la ONG Xumek.
Revictimizados
Durante el primero de los juicios –en el que se condenó a los curas y ex empleados, y donde quedó confirmado por la Justicia que los ex estudiantes fueron abusados sexualmente- las declaraciones de los sobrevivientes se transcribieron de las cámaras Gesell de las que participaron los chicos cuando hicieron y ampliaron las denuncias durante la investigación del Caso Próvolo. Fuero reproducidas durante el debate y se hizo, según recomendaron oportunamente los peritos oficiales de la Justicia de Mendoza, para evitar que los y las jóvenes atraviesen episodios de revictimización al tener que repasar –una y otra vez- los difíciles momentos en que fueron atacados sexualmente por quienes finalmente fueron condenados.
Para el segundo de los juicios, en tanto, el tribunal dispuso que algunas declaraciones sean ampliadas de manera presencial.
“Desde el Colectivo entregaremos una nota al ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio exigiendo que se adopten medidas de gestión y organización judicial para que faciliten el acceso a la justicia, con perspectiva de derechos humanos, de género, diversidad y discapacidad. Vemos con enorme preocupación e indignación el trato cruel y sin perspectiva de Derechos Humanos a los que están siendo sometidos sobrevivientes y familiares en las nuevas declaraciones solicitadas por la defensa de las acusadas. Esto no hace más que revictimizarles y no darle importancia a la integridad física y psicológica de los y las denunciantes”, destacaron desde el Colectivo en la convocatoria para este lunes.
Y es que, según destacaron, observan que los y las denunciantes están recibiendo un maltrato generalizado en base a las disposiciones que se adoptaron en los últimos meses. Incluso, detallaron, dos de las víctimas que declararon y se explayaron en sus denuncias durante las últimas semanas debieron ser derivadas para recibir atención sanitaria luego de sufrir descompensaciones.
Prohibido informar
Otra de las disposiciones del tribunal –integrado por Gabriela Urciuolo, Gabriel Escot y Belén Salido- que no fue para nada bien recibida por los y las sobrevivientes de los abusos y sus familiares tiene que ver con la medida de que no se pueda informar públicamente el estado en que se encuentra el juicio y el contenido de las declaraciones de los implicados (acusadas y víctimas).
“Vemos que es una decisión arbitraria de los jueces la de que no pueda intervenir la prensa ni tampoco nosotros, los familiares, para informar lo que está pasando durante las audiencias. Yo no me voy a callar, ya las víctimas se callaron por tanto tiempo. Pero no me voy a callar yo ni voy a permitir que callen a la prensa”, destacó a su turno Ariel, padre de una de las víctimas del Caso Próvolo.