Alejandro “Cacano” Cabanillas fue imputado este lunes por los delitos de amenazas coactivas, lesiones leves dolosas y abuso sexual simple, agravado por contexto de violencia de género por la fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet.
La causa se inició el miércoles pasado, cuando una empleada de “Cacano”, de 40 años, logró escapar de una de las propiedades del ahora imputado, ubicada en Chacras de Coria, y en aparente estado de ebriedad pidió auxilio a una vecina para llamar al 911, y aseguró que el empresario la tenía privada de la libertad.
La mujer denunció que en el lugar “hubo una situación de consumo de drogas y alcohol, la cual desembocó en una agresión” por parte de Cabanillas. Al respecto, especificó que había un encuentro con amigos del empresario en la pileta de su casa, “hubo un descontrol por el uso de drogas” y Cabanillas, con otra mujer, la habrían golpeado.
La mujer sostuvo que era empleada del imputado desde hacía cinco meses y, de acuerdo con la información policial, antes tuvo “intenciones de denunciarlo por violencia de género, pero no lo había hecho por miedo a perder su trabajo”.
Cabanillas era el dueño de Cacano Bar, un mítico lugar que estaba ubicado frente la plaza de Chacras de Coria, que gozó de cierto prestigio entre músicos de rock y artistas del under local.
En principio, la Policía concurrió hasta el lugar donde se hizo la denuncia y la mujer supuestamente agredida ya no estaba allí, tras lo cual la comisión policial requisó la vivienda de Cabanillas, pero ya “estaba todo limpio” consignaron los pesquisas.
Luego, el caso se viralizó en las redes sociales y un grupo de vecinos del barrio, un lugar residencial y tranquilo, protestó delante de la casa del ahora imputado, ya que eran frecuentes este tipo de “fiestas” que alteraban la paz de la zona.
Más tarde, la empleada se presentó a formular su denuncia y se libró una orden de detención contra Cabanillas. Sin embargo, el empresario estuvo dos días prófugo, hasta que lograron detenerlo el sábado tras allanar el domicilio de uno de sus hijos.
Primero actuó la fiscal Correccional, Gabriela García Cobos, pero la causa fue girada luego a la fiscalía de Fernández Poblet, que entiende en delitos de violencia de género.