El Consejo de la Magistratura abrirá formalmente este martes una investigación contra el juez federal N° 1 de Mendoza, Walter Bento, y sorteará quién será el consejero que oficiará de instructor para llevar adelante el caso que podría terminar en la suspensión o en la remoción del magistrado con competencia electoral.
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Según confirmaron calificadas fuentes judiciales a este medio, el Consejo avanzará con la aplicación del título segundo del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, que regula la presentación de denuncias contra los jueces federales. En los hechos, habrá una acusación formal para definir el futuro de Bento como magistrado.
La Comisión apelará al artículo 3º, que determina la apertura de investigaciones de Tribunales de Superintendencia, confiaron las fuentes. Esto se activa cuando se toma en conocimiento un hecho u omisión imputable a un magistrado del Poder Judicial de la Nación que pudiere configurar falta disciplinaria o causal de remoción.
Una vez sorteado el consejero instructor, se le pedirá a la Cámara Federal de Mendoza que envíe en un plazo máximo de tres días todos los antecedentes y datos que pudieran aportar a la investigación. Este tribunal ya había enviado la semana pasada un documento con detalles de la causa en la que se lo imputó a Bento como partícipe de una supuesta asociación ilícita.
El tribunal de superintendencia podrá iniciar un sumario para recolección de elementos de prueba, no pudiendo extenderse por más de quince días. Vencido tal plazo, todo lo actuad deberá ser enviado al Consejo de la Magistratura, que a partir de ese momento comenzará a definir el futuro del juez.
La desaparición del teléfono oficial de Bento y la condición de tener competencia electoral en la provincia son dos aspectos analizados con detenimiento por los integrantes de la Magistratura.
Que haya desaparecido el teléfono celular oficial, pagado por el Poder Judicial, justo cuando la investigación en contra de Bento tomó celeridad y alcanzó una imputación, pone al magistrado en una posición de sospecha de falta de colaboración o directamente intención de esconder alguna prueba posiblemente incriminatoria.
Un dato del expediente que hace mucho ruido en la Magistratura es que el teléfono de Bento fue manipulado al menos hasta las 12:45 del miércoles 5 de mayo, es decir, varias horas después del inicio de los allanamientos en el domicilio declarado y en el despacho judicial del magistrado.
En el debate interno que se está dando ya entre los integrantes de la Magistratura se señala que Bento nunca denunció el teléfono como perdido antes de la imputación que le hizo el juez de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas.
Por otro lado, también en el seno de la Magistratura se debate sobre quién tiene poder de policía y facultades para custodiar ese teléfono en caso de que aparezca en las próximas horas, dado que aún no sabe hasta dónde llegaba la presunta asociación ilícita por la que está acusado el magistrado.
En el estudio Cúneo Libarona Abogados de Buenos Aires, contratado por Bento para su defensa, están preparando al acusado para su declaración la próxima semana. Allí aseguran que tienen documentación para contradecir cada una de las pruebas aportadas por el fiscal general Dante Vega.
Mariano Cúneo Libarona dijo ayer en declaraciones al Canal 7 de Mendoza que hay una suerte de “complot” contra su defendido. “Le tienen un odio bárbaro a Bento y se pusieron de acuerdo muchos jueces y fiscales para darle con todo. Acá dijeron ‘vamos a tratar de meterlo preso’ Pero no existen pruebas directas contra él”, afirmó.
Este medio se comunicó con el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, Ricardo Recondo, pero el juez optó por no hablar. Es el encargado de convocar al resto de los consejeros de la comisión: Silvia Giacoppo, Alberto Lugones, María Pilatti Vergara, Carlos Matterson, Diego Molea, Vanesa Siley, Pablo Tonelli, Gerónimo Ustarroz, Graciela Camaño y Diego Marías.
Otro aspecto que comenzó a generar debate interno en la Magistratura y se agrega como factor de importancia para tratar el caso Bento con urgencia es que este magistrado tiene competencia electoral en Mendoza, y en setiembre y noviembre habrá elecciones legislativas en el país.
El régimen de subrogancias (ley 27.439) indica que en caso de licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de los miembros de los tribunales inferiores con competencia electoral como es el caso de Bento, el Consejo de la Magistratura deberá elaborar una lista de candidatos para la subrogancia.
A partir de esa lista, la designación será realizada por la Cámara Nacional Electoral con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La elección del subrogante será mediante sorteo público.