El Gobierno de San Luis formuló una denuncia penal en contra contra quienes "resultaren autores, coautores, cómplices, encubridores y/o instigadores de los cortes que vinculan a las provincias de San Luis y Córdoba". Según indicaron, una demanda similar enviaron a Mendoza.
Este miércoles llegó a la Fiscalía Federal de Río Cuarto una denuncia penal presentada por el fiscal de Estado provincial, Eduardo Allende, a raíz de los cortes de rutas de los últimos días en los ingresos a la provincia.
Desde San Luis denuncian que los productores están "impidiendo la libre circulación de bienes y personas, obstaculizando el comercio terrestre y el transporte interprovincial e internacional, interrumpiendo totalmente el paso por esas vías", expresaron en la presentación legal.
Amparados en el artículo 194 del Código Penal, indicaron: "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".
Esto es en relación a lo ocurrido en las últimas horas, aludiendo al "impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra interjurisdiccionales, provocando un obstáculo insalvable para la libre circulación de bienes y personas, como así también para el comercio terrestre interprovincial e internacional".
Las medidas del Gobierno de Rodríguez Saá apuntan a controlar la situación dada en ruta N° 30 de Córdoba y su continuación, Nº 1 de San Luis, que vinculan a las localidades de La Punilla en la provincia de San Luis y Achiras en la provincia de Córdoba.
Con el objetivo de "posibilitar el transporte y comercio interprovincial, como así también el internacional, ya que dichas vías conectan con la ruta nacional N° 8 y el Corredor Bioceánico, constituido por la ruta nacional N° 7, que también se encuentra cortada en territorio cordobés, próximo a la provincia de San Luis".
Además, el fiscal indicó que el reclamo de los productores se basa en una "actitud deliberada, premeditada e intencional tiene por clara finalidad provocar un caos social, infundiendo temor público en la población de la provincia de San Luis".
Esto en relación a los dichos en los que advierten que los cortes de ruta serán por tiempo indeterminado. Situación que podría "dejar aislada y desabastecida a la población, con el agravante del impedimento del traslado de las muestras de pacientes posiblemente enfermos, lo que constituye un evidente y gravísimo perjuicio para la salud pública", comentaron.
Una denuncia similar a la presentada en la Fiscalía Federal de Río Cuarto se envió a la provincia de Mendoza y en la mañana de este jueves harían lo propio con La Pampa.
