Este miércoles, el Servicio Penitenciario de Mendoza (SPM) analizaba la viabilidad de otorgar prisión domiciliaria a casi 400 presos alojados en los penales provinciales. Un fallo judicial ordena beneficiar con esa medida a internos que estén dentro del grupo de riesgo ante el posible contagio de coronavirus, pero hay algunos internos que se niegan al beneficio.
El juez penal colegiado 1, Miguel Sebastián Sarmiento, dispuso hacer lugar a un habeas corpus presentado por la asociación Xumec para que, en el plazo de 10 días hábiles, resuelva la prisión domiciliaria de la totalidad de la población penal que se encuentre en situación de riesgo frente a la pandemia.
El abogado de la ONG, Lucas Lecour, indicó: "Se ordena que se inicien los trámites para ver si es posible otorgar la prisión domiciliaria a todos los presos que están en grupos de riesgo. Según el decreto beneficiaría a mayores de 60 años y a aquellos que padecen dolencias como diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión, entre otras", dijo.
El letrado agregó que el habeas corpus alcanza personas que están privadas de su libertad tanto en penitenciarías, comisarías,en los sistemas de Responsabilidad Penal Juvenil (donde están los adolescentes), e incluso en los casos de internación involuntaria en los neuro-psiquiátricos.
Sin embrago, ocurrió algo que desde el SPM no esperaban. Es que entre las primeras entrevistas a los internos, algunos decidieron negarse a acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. La complicada situación económica, el miedo al contagio y la falta de lugares donde quedarse, fueron algunas de las razones que brindaron los reos para fundamentar su decisión de no salir de la cárcel.
En otros casos, estas personas exponían que no tenían a dónde ir o quién los recibiera. Algunos porque llevan mucho años en prisión, y perdieron contacto con sus familias, y otros porque cometieron delitos contra alguien de su vínculo familiar, como abusos o violencia de género.