Las víctimas son familias del Valle de Uco, principalmente de San Carlos. Todos firmaron convenio -la mayoría ante escribano público- con el particular que se presentaba como dueño del emprendimiento: Adrián Roldán.
Ellos entregaron el dinero (o bienes, en algunos casos) acordados. La firma debía construir sus casas “prefabricadas, industrializadas o de medio tronco” en las fechas estipuladas. Cuando los plazos se les acabaron y las excusas se volvieron reiteradas, las familias se encontraron con sus casas a medio hacer o con serios problemas estructurales.
Todos se dejaron seducir por los precios accesibles y las fotos de casas en construcción que mostraba la firma Shadai en su sitio de Facebook (el mismo que fue dado de baja semanas atrás a raíz de los reclamos y escraches).
Lo que los vecinos quieren es justicia y poder vivir en la casa que soñaron. Nancy Bordón y Jorge Lima se contactaron por Facebook con esta empresa familiar. El 1 de setiembre del 2015 acordaron -ante un escribano público de San Carlos- la construcción de una vivienda de “2 dormitorios, cocina comedor y baño, estilo mixta de 49 metros cubiertos”.
La constructora se comprometía -entre otras cosas- a entregarla con tendido eléctrico, cañerías y hasta aberturas.
El valor pactado era de 120 mil pesos y los Lima debían darle $ 70 mil de base para que empezara con la obra