La Suprema Corte de Justicia de la provincia tendrá que meterse en la causa judicial que investiga el accionar de la Tupac Amaru en Mendoza y que tiene detenida a su líder local, Nelly Rojas, y su marido (ambos tras las rejas) y a dos de sus hijas con prisión domiciliaria.
El máximo tribunal resolverá la semana que viene quién es el juez de garantías que debe intervenir y quedarse con la causa, luego de que un conflicto de competencia desatado a partir de la filtración de los 24 allanamientos que se proponía hacer la fiscal Gabriela Chaves motivó que se pidiera que el Sexto Juzgado de Garantías fuera apartado del caso.
La Corte no se meterá con el debate judicial y público que hay sobre si la referente social está bien o mal acusada, si existe asociación ilícita o si hay una persecución política en contra de Nelly, ejecutada a través de la Justicia. Aún los supremos no tienen competencia para eso.
Lo que la Corte debe hacer es nada más decir qué juez se hace cargo, lo que es importantísimo porque cuando eso se defina se podrá realizar la audiencia de prisión preventiva y control jurisdiccional.
En esa audiencia, la fiscalía buscará sostener las acusaciones, la defensa derrumbarlas y está por verse si Nelly sigue presa o se va a su casa.