A raíz de la polémica que suscitó la excarcelación de presos durante la pandemia de coronavirus, el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, señaló que los procedimientos que se realicen bajo su órbita deberán contemplar necesariamente la Ley de Víctimas.
Según la resolución a la que tuvo acceso Ahora Mar del Plata, el fiscal dispuso que un grupo de funcionarios judiciales realizará un control del cumplimiento de la prisión domiciliaria cuando no sea habilitado el sistema de monitoreo oficial por falta de tobilleras electrónicas.
UNA LOCURA
— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) April 30, 2020
Les comparto mi opinión sobre la excarcelación de delincuentes. pic.twitter.com/JUoipBwIuG
Por esto, aquellos presos que no tengan tobillera electrónica serán controlados a través de su teléfono celular con un dispositivo de localización para que permanezcan en sus domicilios las 24 horas.
Fernández Garello encomendó a los fiscales a "tener en cuenta la participación de las víctimas, al tiempo de sustanciación de planteos en los que se pueda decidir la incorporación de las personas condenadas al régimen de prisión domiciliaria".
El fiscal general instó a los representantes del Ministerio Público Fiscal a que "soliciten al juez de intervención que recabe la opinión de la víctima o familiar con los recaudos de grabar o videofilmar el audio de referencia" y designó a las instructoras judiciales María José Imbalde y Mariana Pusineri, al secretario Gustavo Ferrero y al auxiliar letrado Juan Gutiérrez como los encargados de monitorear las prisiones domiciliarias en Mar del Plata.
Junto al Observatorio de Víctimas, avanzamos en medidas para controlar y garantizar el cumplimiento de la ley de víctimas en toda la Argentina. #ArgentinaUnida♥️🇦🇷 pic.twitter.com/E48bwUrlX8
— Sergio Massa (@SergioMassa) April 29, 2020
"En los supuestos en que se constatare que alguna de las personas beneficiarias ha incumplido su compromiso asumido en las actas respectivas, se efectuarán las comunicaciones pertinentes a los fiscales de intervención, a los fines de solicitar ante la Jurisdicción, la revocación de los beneficios concedidos", explicó el fiscal general.