La Unión Cívica Radical volverá a la Corte Suprema para resolver una disputa provincial: la semana que viene sus juristas riojanos pedirán suspender la consulta popular del 27 de enero convocada por Sergio Casas para definir si puede ser reelecto como gobernador.
Según consigna el portal La Politica Online, como no confían en los jueces locales, los radicales preparan su planteo ante el máximo tribunal nacional, que hace 15 días le dio un golpe bajo al partido y rechazó un pedido del senador Eduardo Costa para eliminar la ley de lemas en Santa Cruz, el sistema electoral que permitió la hegemonía de los Kirchner.
Los radicales entienden que Casas cometió un atropello similar o peor al convocar a una consulta popular el 27 para ser habilitado a un nuevo mandato, aun cuando fue vicegobernador entre 2011 y 2015.
El primer paso lo dio la Legislatura local al aprobar una enmienda constitucional, pero el conflicto estalló con la fecha de la consulta popular, porque el artículo 177 de la Constitución obliga a realizarla "en la primera elección general" siguiente al trámite parlamentario.
O sea, debería llevarse a cabo junto a los comicios provinciales y sin Casas en la contienda. "Hay una flagrante violación de la Constitución provincial y del mecanismo establecido para que haya una enmienda. El único objetivo es que Casas sea candidato", sostuvo ante LPO Inés Brizuela y Doria, senadora de la UCR.
El candidato a gobernador de ese partido es el senador Julio Martínez, mientras que Casas no tiene un sucesor definido si la Justicia frena sus aspiraciones, porque ya rompió relaciones con su antecesor Luis Beder Herrera.
La consulta popular tiene otras polémicas. Se hará en una provincia semi vacía por las vacaciones de los empleados públicos, el 60% del mercado laboral, lo que sería una ayuda para Casas porque según el fiscal de Estado de La Rioja, Héctor Durán Sabas, la enmienda sólo será rechazada si el 35% del padrón general vota en contra. O sea, si pocos riojanos acuden a las urnas, el gobernador tendrá más chances de pelear por la reelección.
Llegó a esa conclusión porque el último párrafo del artículo 84 establece que "toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba".
El texto es confuso, pero el único antecedente le juega en contra a Casas: en 2007 el Tribunal Electoral de La Rioja lo interpretó al revés y consideró rechazada una enmienda por no llegar al 35% del padrón.
La última palabra la tendrán los ministros de la Corte, que suelen molestarse cuando los obligan a intervenir en peleas políticas, pero tarde o temprano toman postura. Claro que si frustran la consulta popular en La Rioja, los radicales podrán replicar pedidos similares en otras provincias y judicializar un extenso y conflictivo cronograma electoral.