Eduardo Sánchez
La localidad jujeña de Caspalá se vio conmocionada semanas atrás cuando un conflicto por el emplazamiento de la obra de construcción de un colegio secundario escaló hasta ser necesaria la intervención policial, lo que puso en el centro de la escena al comisionado municipal Natividad Apaza. Pocos días después se informó que la cuestión había sido zanjada, pero vecinos del lugar siguen preocupados por la situación institucional y así se lo hicieron saber a diputados provinciales del partido “Juntos por Jujuy”.
En efecto, los legisladores Juan Cardozo Traillou, Débora Juárez Orieta, Alejandro Snopek y Mariela Ferreyra recibieron en oficinas de su bloque a miembros de la comunidad de Caspalá -situada 240 km al norte de San Salvador de Jujuy, en el departamento Valle Grande-, quienes les informaron sobre la “delicada situación institucional que se vive en aquella localidad”, dijeron voceros del espacio político.
LA SITUACIÓN EN CASPALÁ
De acuerdo a lo informado, los parlamentarios “pudieron escuchar en primera persona sobre los eventos ocurridos hace unos días cuando la policía avanzó sobre los habitantes” del pueblo a raíz de la disputa por un terreno que estaba siendo utilizado como cancha de fútbol y que el Estado destinó a la construcción de un edificio educativo.
Los vecinos de Caspalá también refirieron la preocupación de la comunidad por la desaparición del encargado de la oficina local del Registro Civil, Sixto Balcarce, de quien no se tiene noticias desde el pasado 17 de noviembre.
Una de las primeras reacciones de los diputados de “Juntos por Jujuy” fue comprometerse a “recabar información para evaluar la posibilidad de colaborar institucionalmente con los vecinos”, como también prometieron viajar a Caspalá “para tener contacto directo con todos los miembros de la comunidad”.
Asimismo, con base en los testimonios de los vecinos que llegaron hasta sus oficinas, los legisladores expresaron su “preocupación por la situación de violencia y maltrato que sufre la comunidad” por parte del “titular de la Comisión Municipal y de algunos funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo provincial”, lo que interpretaron como un “intento de disciplinar a toda la población”, señalaron los voceros del bloque opositor.