Un hombre de nacionalidad boliviana y su hijo fueron acusados por la Justicia Federal de organizar y coordinar el transporte de un cargamento de más de 150 kilos de cocaína en una maniobra que fue desbaratada en enero de este año cuando cuatro personas que trasladaban la droga intentaron darse a la fuga para evadir un control rutero de la Gendarmería Nacional.
Dos de los sujetos confesaron que antes ya habían realizado otro viaje a Jujuy, donde con el mismo propósito habían permanecido doce días en la ciudad fronteriza de La Quiaca.
“LO QUE USTED YA SABE...”
La investigación comenzó el 26 de enero último a partir de tareas de prevención realizadas por personal de Gendarmería Nacional. Al mediodía, en un control preventivo de seguridad vial en el kilómetro 896 de la ruta nacional 34, se detectó una camioneta Toyota Hilux gris que, al advertir la presencia del operativo, realizó una maniobra evasiva y se desvió bruscamente hacia un camino secundario.
Los gendarmes hicieron un rastrillaje por la zonas hasta finalmente interceptar el vehículo, en el que viajaban A.A., L.M.C.O., R.S.V. y D.G., los tres últimos de nacionalidad boliviana. Al ser consultado sobre cuál era la carga de la camioneta, A.A. respondió al uniformado: “Lo que usted ya sabe”, lo que en principio fue interpretado como un reconocimiento implícito de la comisión de algún delito.
En presencia de testigos, se inspeccionó la caja de la camioneta, donde se halló cinco bultos con 150 paquetes de formato rectangular cuyo contenido sometido a las pruebas de narcotest, dio resultado positivo para cocaína.
El pesaje preliminar arrojó un total de 155,6 kilogramos de cocaína compactada en “ladrillos” estampados con la figura en bajorrelieve de un delfín, usualmente asociada a organizaciones narcocriminales.
En el operativo se secuestró también dinero en efectivo en moneda local y extranjera (bolivianos, dólares y pesos chilenos), chips y tarjetas SIM de compañías argentinas y bolivianas, teléfonos celulares y documentación bancaria de ambos países.
Al momento de ser indagados, los cuatro detenidos se abstuvieron de declarar sobre el origen y el destino de su viaje, como también del material secuestrado. El titular del Juzgado Federal n° 1 de Tucumán, Guillermo Díaz Martínez, dispuso imputarlos como coautores de haber transportado más de 150 kilos de cocaína con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas de manera organizada.
Para el juez Díaz Martínez, la cantidad de material secuestrado, el intento de fuga, la explicación de A.A. y la presencia de moneda y documentación transfronteriza permitían inferir que la droga había sido obtenida en Bolivia y transportada hacia centros de distribución en la Argentina, dentro de una estructura organizada.
Por ese motivo, dictó el procesamiento con prisión preventiva de los cuatro imputados, junto con un embargo de 50 millones de pesos para cada uno de ellos.
En la causa interviene la Fiscalía Federal n° 2 de aquella jurisdicción, a cargo de Agustín Chit, con el aporte de la auxiliar fiscal Julia Vitar.
EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y MÁS DATOS RELEVANTES
Fuentes de la causa dijeron que dos de los imputados suscribieron un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Fiscal (MPF).
En ese marco los sujetos relataron que la persona que los había contactado para realizar el transporte de estupefacientes era un hombre de nacionalidad boliviana identificado por sus iniciales como R.O., residente en la ciudad bonaerense de La Plata y que anteriormente ya habían realizado otro viaje a La Quiaca -en el límite con Bolivia-, donde habían permanecido doce días.
Uno de los colaboradores reveló también que en el viaje en que fueron detenidos, también habían participado otra camioneta, propiedad de R.O., y un Peugeot 208, propiedad de M.A.O., hijo del primero, quien hacía de “coche puntero” en la ruta.
De esa manera los investigadores pudieron reconstruir que padre e hijo se trasladaban con sus vehículos desde la provincia de Buenos Aires hasta Salta, y desde allí a Jujuy, hasta llegar a La Quiaca.
Allí, recurrían a “pasadores” que, cargando los paquetes con droga en mochilas, cruzaban la frontera desde Bolivia hacia la Argentina por caminos alternativos de tierra. En la maniobra empleaban para coordinar sus movimientos comunicación satelital y un handy, ya que en esa zona no hay señal de telefonía.
Por otra parte, ambos imputados aportaron códigos de desbloqueo de sus celulares, los cuales fueron remitidos a los especialistas encargados de realizar el análisis de los aparatos peritados.
En tanto, la identificación de R.O. fue corroborada mediante informes del RENAPER, que confirmaron su nombre, DNI y domicilio, y cuya fotografía fue identificada por uno de los imputados colaboradores.
Otro informe de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) confirmó que R.O. era titular de tres vehículos, entre ellos la camioneta utilizada por los cuatro primeros detenidos y para la cual figuraba una multa registrada el 15 de diciembre de 2024 en Saladillo, en una de las rutas utilizada para el tráfico, lo que confirmó así el viaje aludido por los imputados colaboradores.
A partir del análisis de las comunicaciones los teléfonos de las personas investigadas, se reconstruyó la actividad de los implicados y se demostró que el 26 de enero, mientras se trasladaba el cargamento de los 155 kilos de cocaína, M.A.O. recibió una llamada del número perteneciente a A.A., lo que para la fiscalía confirma su vinculación con la maniobra de transporte.
VIAJES FRECUENTES DE LA PLATA A CHILE Y BOLIVIA
El análisis de celdas GPRS del teléfono utilizado por R.O. permitió identificar cinco grandes desplazamientos logísticos durante 2025 hacia Salta, Mendoza y cruces fronterizos a Chile y Bolivia, en movimientos que coincidían temporalmente con los traslados necesarios para coordinar operaciones de tráfico internacional, sostiene el fiscal Chit.
Los viajes registrados por R.O. entre 2024 y 2025 consolidan la hipótesis de “un circuito logístico previamente organizado”, plantea la fiscalía.
En este caso, todo indica que ambos investigados reclutaron a los cuatro imputados, escoltaron el traslado y planificaron el cruce fronterizo. De tal manera, el Ministerio Público Fiscal les atribuyó a padre e hijo el rol de organizadores del transporte del cargamento de cocaína secuestrado el 26 de enero.
Ante este panorama, el fiscal Chit solicitó allanar el domicilio de La Plata perteneciente a R.O., junto con su detención y la de su hijo, a fin de recibirles declaración indagatoria y evitar su posible fuga o entorpecimiento de la investigación. El juez aceptó los pedidos del representante del MPF y el 17 de octubre pasado se realizó el procedimiento en el que también se secuestró tres automóviles y varios dispositivos electrónicos.
Al momento de prestar declaración indagatoria, R.O. justificó sus viajes a Chile y Bolivia por asuntos familiares, laborales y electorales, y aseguró desconocer por completo los hechos por los cuales fue imputado.
Al dictar su procesamiento, el juez Díaz Martínez consideró esas explicaciones como insuficientes al valorar los registros telefónicos, geolocalizaciones compartidas y conversaciones con las personas investigadas. Por su parte, su hijo M.A.O. se negó a declarar.
Para el magistrado, padre e hijo cumplieron la función de organizadores y coordinadores logísticos de la maniobra. Para ello, se encargaron de articular los movimientos transfronterizos y mantener contacto con proveedores fuera del país, como también de conseguir vehículos para llevar a cabo el traslado del estupefaciente y coordinar rutas y horarios.
En línea con lo solicitado por el MPF, el Juzgado dispuso la prisión preventiva de ambos acusados y entre los principales fundamentos de la medida de coerción, mencionó la posible existencia de una estructura criminal transnacional y su capacidad económica y logística, como así también las conductas evasivas por parte de ambos acusados que podrían redundar en el entorpecimiento de la investigación.