Grupos de mujeres trabajadoras de la economía popular, músicas, aristas, colectivos estudiantiles, familiares de víctimas de femicidios, docentes, referentes sociales, sindicales y políticas de múltiples espacios se movilizaron este lunes por las calles de San Salvador de Jujuy en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Las principales consignas de la marcha giraron en torno al repudio a “funcionarios violentos”, la escalada de femicidios registrados en la provincia en el 2020 y la “impunidad” del sistema judicial local.
Una vez agrupadas en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, las activistas atravesaron el microcentro de la ciudad y al ritmo de batucadas y cánticos alzaron su voz contra la violencia de género y cargando responsabilidades a jueces, funcionarios públicos y el gobernador Gerardo Morales, por los casos de femicidio ocurridos en la provincia.
En ese marco exigieron la reglamentación de la ley provincial n° 6.186 -denominada Ley Iara, por Iara Sabrina Rueda, una adolescente de 16 años que desapareció en Palpalá en septiembre del año pasado y varios días después fue hallada asesinada y su cuerpo semienterrado, a ocho cuadras de su casa.
Con dicha norma, sancionada en octubre del 2020, la Legislatura de Jujuy declaró la emergencia en materia de violencia de género, tras una angustiosa ola de femicidios que motivó masivas movilizaciones en diversos puntos de la provincia.
Las escalas de la marcha
Referentes de las entidades convocantes dijeron a los medios que las consignas de la marcha apuntaban contra las autoridades provinciales por “proteger a funcionarios violentos”, algunos de ellos denunciados por violencia de género, y “la omisión” y la “desidia del Poder Judicial” en relación a situaciones que terminaron en casos de asesinatos de mujeres.
Al pasar frente a las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) las manifestantes recordaron la denuncia contra su titular Sergio Lello Sánchez, sindicado de proferir “violencia laboral contra una trabajadora”.
Otro punto de la ciudad por donde pasaron las activistas fue la sede del Consejo Provincial de la Mujer, de cuya titular Alejandra Martínez, reclamaron la dimisión al cargo, bajo el argumento de que el organismo, como “lugar clave” contra la problemática de género, incurre en “omisiones”.
Por otra parte, en el frente del Ministerio de Trabajo provincial pegaron imágenes de funcionarios públicos sobre quienes pesan denuncias por violencia de género, como también de los titulares de diversos organismos locales.
Las marchas y otras actividades en el 8M se replicaron en las localidades Monterrico, Tilcara, San Pedro y Humahuaca, entre otras ciudades jujeñas.