Eduardo Sánchez
A partir de un anteproyecto remitido por el Poder Ejecutivo, la Legislatura de Jujuy sancionó este jueves la ley marco provincial de cambio climático, la cual establece pautas para articular la política local y definir las respuestas en materia de mitigación y adaptación en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Nación y la normativa ambiental vigente.
A propósito del alumbramiento de la norma, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, explicó que frente a la evidencia creciente de los impactos registrados en la provincia y la región, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, y la urgencia de actuar en línea además con las disposiciones de la ley nacional 27.520, “nos pareció necesario fortalecer con una normativa marco las políticas públicas dirigidas a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y generar medidas de adaptación al cambio climático”.
En este sentido cabe señalar que la nueva ley provincial nº 6.230, sancionada por mayoría, está en línea con los principios definidos en la Convención de las Naciones Unidades sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, relacionado con una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, el Estado provincial deberá tener en cuenta la transversalidad en sus políticas, integrando acciones públicas y privadas frente al cambio climático.
COINCIDENCIAS EN EL RECINTO
“Consideramos que hay una gran preocupación y los gobiernos tienen que tratarla y tener una mirada solidaria. Lo que hagamos ahora tendrá una solución para las futuras generaciones, no inmediato”, expresó la diputada Victoria Luna Murillo en su carácter de miembro informante del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, durante la cuarta sesión ordinaria de la Cámara.
“Desde el Gobierno se viene trabajando consecuentemente con el programa ‘Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030’ tendiente a reducir los gases de efecto invernadero y esta ley implica tener normas para contrarrestar las alteraciones en la atmósfera”, señaló la legisladora radical.
En efecto, la normativa aprobada incorpora dicho programa para la “proyección de políticas de Estado en materia de adaptación y mitigación al cambio climático para las generaciones presentes y futuras, garantizando la calidad de vida, particularmente, a los sectores más vulnerables a los efectos del cambio climático”.
“Todo el planeta vive una crisis ecológica y climática donde incluso está en riesgo la supervivencia. Un informe de expertos de la ONU da cuenta de que la crisis climática se aceleró, que el planeta se calentará 1,5 grados en los próximos 19 años”, aportó desde su banca la diputada Natalia Morales, del Frente de Izquierda-Unidad (FIT), para luego plantear que “es un problema central a la hora de discutir quiénes son los responsables políticos”, en relación a la emisión de gases de efecto invernadero.
Esto “no es menor -añadió- porque las empresas extractivistas vinculadas al negocio de los combustibles con energía fósil concentran en mayor porcentaje la emisión de gases de efecto invernadero y son quienes inciden en el calentamiento del planeta”, afirmó Morales.
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LAS LÍNEAS CENTRALES DE LA LEY 6.230
La ley aprobada integrará políticas, estrategias y las medidas de mitigación y adaptación a los procesos clave de planificación provincial, entre ellos el concepto de los riesgos climáticos futuros, su monitoreo y el manejo de riesgos, y fomentar en el territorio provincial un modelo de desarrollo bajo en carbono y alcanzar la neutralidad climática.
Por otro lado, contribuirá a la transición hacia energías renovables y la eficiencia energética, además que buscará promover la educación para la adaptación y mitigación frente al cambio climático, preparando a la sociedad en general ante los cambios climáticos futuros.
Voceros de la cartera ambiental apuntaron por último que la flamante ley provincial 6.230 está en concordancia con las disposiciones de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático n° 27.520, la Ley General del Ambiente n° 25.675, la ley provincial n° 5.063, el decreto n° 1.169-A-2016, como así también los acuerdos internacionales suscriptos por la República Argentina y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.