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| viernes, 12 de junio de 2026
Después de que el miércoles un grupo de policías y penitenciarios retirados y familiares de personal activo reclamara en las puertas de la Casa de Gobierno de Jujuy por una mejora salarial que llegue a todo el escalafón y no solo un sector, el conflicto sigue sin resolverse y hasta alcanzó un alto grado de tensión en la noche del lunes cuando un piquete bloqueó un acceso al edificio gubernamental.
Tras esa dramática escalada en el volumen del reclamo -contrastando con el hecho de que el Gobierno venía informando de sólidos avances en las conversaciones entre ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de los policías y de los agentes penitenciarios-, las negociaciones continuaron este martes.
En una primera reacción, el Gobierno había decidido "a requerimiento de los sectores interesados" -según puntualizaba un primer comunicado difundido la semana pasada- "dejar sin efecto las resoluciones n° 000077 y 000078 emanadas del Ministerio de Seguridad, que establecían modificaciones en los haberes de determinados cuadros de la Policía de la Provincia".
La protesta de este lunes escaló a niveles inéditos en los últimos tiempos en Jujuy, con una quema de gomas y el derribo de un segmento de las rejas del perímetro de la Casa de Gobierno sobre la calle Sarmiento. Una escuadra de Infantería de la Policía acudió en refuerzo del personal de Seguridad del edificio.
Los manifestantes -que dijeron desconocer a la comisión que venía negociando debido a que "no fue elegida por los que estamos aquí ahora"- exigían en el momento respuestas concretas a sus demandas, pero la ausencia de funcionarios a esa hora de la noche hizo infructuoso el reclamo.
Uno de los manifestantes que oficiaba de interlocutor con el cuerpo de Seguridad dijo que se había decidido mantener una presencia pacífica en el lugar; indicó que la demanda es por un aumento salarial del 50%, compuesto por un 30% en el sueldo básico y 20% en ítems varios; y fue tajante al asegurar que "esa comisión (que venía dialogando desde el miércoles pasado) no nos representa".
Explicando el origen del reclamo, el vocero dijo que "el desacuerdo se produce a raíz de ese incremento discriminatorio" plasmado en las resoluciones de la semana pasada. "El personal de (las fuerzas de) seguridad es todo, entonces no pueden discriminar de esa manera" al momento de disponer un aumento salarial, planteó.
"La canasta básica está muy alta y los sueldos de los policías no alcanzan para afrontar las necesidades básicas alimentarias de sus familias", argumentó a la vez el vocero.
La presencia de los manifestantes en el lugar se mantuvo hasta aproximadamente las cuatro de la madrugada.
En aquel primer comunicado la Gobernación denunciaba "la presencia de infiltrados que responden a sectores políticos ajenos al bienestar de las fuerzas de seguridad, quienes pretenden instalar confusión y temor de manera oportunista".
Después de los episodios producidos el lunes en la noche, nuevamente el Gobierno provincial se expresó al respecto haciendo saber a la ciudadanía que "mantendrá una postura firme frente a sectores violentos que, con premeditación y sin ningún tipo de representatividad, intentan hacer de una instancia de diálogo salarial una escalada de vandalismo y caos".
Como se dijo, la piedra de la discordia fueron las resoluciones del Ministerio de Seguridad n° 077 y 078 que, según trascendió, disponían aumentos de entre un 30 y un 50% solamente para la cúpula policial y penitenciaria, a los miembros del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) y otros estamentos del organigrama de las fuerzas.
Mientras tanto, los manifestantes reunidos en el piquete del lunes afirmaban a los periodistas que el sueldo básico del personal ronda entre los 600.000 y 800.000 pesos. La aspiración es partir de una cifra cercana al millón y medio de pesos.
El conflicto tuvo este martes un nuevo capítulo desde pasadas las once de la mañana con una reunión convocada en la propia Central de la fuerza policial, en la avenida Santibáñez al 1.300, a la que asistieron siete representantes del personal activo y retirado de la Policía y del Servicio Penitenciario.
Mientras tanto, otro grupo volvió a congregarse en inmediaciones de la Casa de Gobierno, por lo que, aparentemente, el reclamo tiene dos frentes separados, a la luz de las declaraciones de los manifestantes desconociendo a aquella comisión, y las comunicaciones oficiales afirmando que éstos carecen de representatividad.
Más aún, acerca de "los graves episodios perpetrados" el lunes, el Gobierno informó que "los responsables de los ataques fueron debidamente identificados y, en consecuencia, se radicó la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación para que se inicien las investigaciones de rigor y se apliquen las sanciones pertinentes".
LA VERSIÓN DE INTERLOCUTORES VALIDADOS
Previamente, ese día por la mañana el ministro de Hacienda, Federico Cardozo; el secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte; y el director de Trabajo, Carlos Coronel, se reunieron con los delegados del personal activo y retirado.
Tras esas conversaciones, el representante del personal activo del Servicio Penitenciario, Gonzalo Camino, decía que "ya está encaminada la situación" y resumía: "Se tocaron todos los puntos que fueron reclamados tanto por el personal activo como por el personal que se encuentra en situación de retiro" y "se llegó al mejor acuerdo posible".
"Las negociaciones van a ser permanentes hasta que se puedan atender todos los reclamos de manera paulatina", agregó Camino, a la vez de destacar el "compromiso por parte de Gobernación de que no va a haber ningún tipo de represalia ni tampoco acciones contra el personal que se apostó estos días en las movilizaciones".
Por el personal retirado asistió Orlando Subia. "Estamos conformes con lo que hemos obtenido en todo el diálogo", dijo, al mismo tiempo de reconocer que "nos sorprendió el recibimiento y el acuerdo al que se pudo haber llegado" en lo que consideró un "primer paso que está dando la fuerza de seguridad, tanto en actividad como en retiro, para continuar con los canales de diálogo".
En ese mismo marco Subia coincidió con Camino en mencionar el compromiso de las autoridades de "que no va a haber persecución hacia ninguno de los efectivos activos y retirados", y consideró que en virtud de los avances logrados se daba por descartadas nuevas movilizaciones en la ciudad.
La progresión de los hechos mostraría lo contrario en horas de la noche.
"Al amparo de la demanda salarial del personal de seguridad, un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, pretende desestabilizar nuestra provincia. Este sector causó daños materiales en la Casa de Gobierno", decía un comunicado oficial urgente emitido poco antes de las 23:00.
"El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo. Los rostros cubiertos y las conductas violentas son prácticas que pertenecen al Jujuy de la confrontación y la prepotencia que, en libertad y democracia, los jujeños supimos dejar atrás", agrega el texto, para concluir postulando que "el bienestar colectivo se construye desde el respeto por la democracia, las instituciones y el diálogo, no con violencia ni capuchas".
En la reunión de este martes en la Central de Policía las partes acordaron analizar sendas propuestas y contrapuestas presentadas, y volver a la mesa de discusión dentro de dos semanas.
Eduardo Sánchez