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| lunes, 08 de junio de 2026
El Gobierno del presidente Javier Milei solicitó este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cese la medida que mantiene a la dirigente social Milagro Sala bajo prisión domiciliaria desde 2017, para que cumpla de manera efectiva su condena en una cárcel común.
Mientas tanto, desde 2023 la activista jujeña reside en la ciudad de La Plata, luego de que la Justicia de Jujuy aprobara su traslado para que recibir atención médica especializada debido a una trombosis que le provocó edema generalizado y obstrucción venosa.
En los últimos días de diciembre pasado el equipo médico que asiste a Sala encabezado por Jorge Rachid informó que había sido internada en el Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque” de Gonnet, en La Plata, tras sufrir una descompensación. El episodio generó polémica ya que al no ser debidamente notificado, se conoció por el aviso de la tobillera electrónica.
La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación informó que reiteró ante la CIDH el pedido de que revise su decisión de que la exdiputada kirchnerista de la provincia de Jujuy cumpla la pena de 15 años de prisión en la modalidad domiciliaria.
El organismo nacional consideró que Sala "debería estar cumpliendo su condena en la cárcel sin privilegios, con el resto de los delincuentes".
"Esta medida de la CIDH se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme", aseguró el Gobierno central y recordó que la líder de la Organización Barrial "Túpac Amaru" fue condenada "por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas".
El Ejecutivo, además, rechazó las denuncias de "hostigamiento judicial" planteadas por la defensa de la dirigente social y sostuvo que existen "hechos objetivos" que justifican las medidas adoptadas por la Justicia.
Recientemente la referente del Frente Unidos y Organizados (FUyO) por el cual llegó a ocupar una banca en la Legislatura de Jujuy, se había mudado a otra casa en La Plata, ya que el propietario de la anterior vivienda decidió no renovar el contrato de alquiler. La mudanza y su traslado se hicieron sin contar con autorización formal de la Justicia.
Según el comunicado oficial, "Sala violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez. Eso activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y motivó medidas de verificación y control propias del régimen de ejecución penal".
"El Estado argentino cumple con sus obligaciones internacionales", sostuvo el texto oficial, y añadió que "los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad".
La Corte Suprema de Justicia de la Argentina confirmó en 2022 la condena de trece años de prisión -que, al unificarse con otras penas, llega a quince años- impuesta a comienzos de 2019 a Sala por su autoría, entre 2003 y 2015, de delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
La dirigente fue detenida en enero de 2016 en Jujuy, poco más de un mes después de la asunción del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), cuando fue acusada de instigación al tumulto durante una protesta contra el entonces gobernador provincial, Gerardo Morales.
Con información de EFE.
Eduardo Sánchez