La Legislatura de Jujuy aprobó esta semana un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo local de ratificación de títulos de propiedad comunitaria entregados, iniciativa que el oficialismo defendió destacando la “voluntad política” del Gobierno para con los derechos de las comunidades originarias, mientras la oposición reprochó que no tiene “efecto jurídico alguno, ni avanza sobre el conflicto real” por el que grupos de manifestantes mantienen piquetes en rutas nacionales en el norte de la provincia.
El proyecto, sancionado como ley n° 6.351, ratifica 70 títulos de adjudicación de propiedad comunitaria entregados en la historia de la provincia, “otorgados a las comunidades originarias debidamente regularizadas y registradas”, explicó el diputado oficialista Adriano Morone al abrir el debate por la iniciativa, la cual ingresó el martes a la Legislatura local y tratada el miércoles en la tercera sesión especial del año presidida por el vicepresidente primero de la Cámara, Fabián Tejerina.
Morone detalló que, si bien la norma se refiere a “títulos ya otorgados”, lo que pretende la ley es “ratificar, dar mayores garantías en lo que tiene que ver con el reconocimiento de las tierras que ancestralmente ocupan” las comunidades, y además ratifica “la política que en materia de derechos de los pueblos originarios ha sostenido el Gobierno provincial, incluso creando un ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas”.
“Viene a dejar en evidencia la mentira que algunos sectores políticos de nuestra provincia han venido desplegando, que se les ha dicho a los pueblos originarios que el Gobierno les quiere sacar sus tierras”, completó Morone.
¿QUÉ DIJO LA OPOSICIÓN?
Por su lado, la oposición observó que solo tres títulos fueron otorgados en los últimos ocho años de la gestión del gobernador Gerardo Morales: “Se entregó uno en 2016 y dos en 2018″, aseguró la diputada Patricia Armella, del Frente de Todos, al criticar que se debería estar tratando un “programa serio” para entregar títulos a las comunidades indígenas que siguen en la espera del reconocimiento de sus tierras.
También reprochó al oficialismo que “hable de sectores políticos que mienten”, cuando -dijo- son las mismas comunidades las que están expresándose y lo hacen puntualmente en referencia al artículo 94 de la criticada reforma constitucional.
“Consideran que avanza sobre sus derechos cuando se establece que el Estado regularizará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, y donde sabemos que más de un 96 por ciento de las comunidades indígenas no poseen título de propiedad comunitaria”, apuntó Armella.
“El problema hoy es de aquellas comunidades que no tienen un título de propiedad, que necesitan de la contención y la garantía necesaria para saber que en el tiempo van a seguir ocupando su territorio”, señaló luego su compañero de bancada Pedro Belizán, al instar por un compromiso legislativo en ese sentido.
La diputada Alejandra Elías, de la UCR, defendió el trabajo de entrega de escrituras por parte del Gobierno y aprovechó para recordar que el trámite “requiere requisitos a cumplir, como la inscripción de la personarías jurídicas, que suman 284 en este momento”.
En ese sentido, el diputado Juan Cardozo Traillou, del frente Juntos por Jujuy, dijo que con la nueva ley el Gobierno no buscó ningún “efecto jurídico, sino mostrar otra cosa”, y -a su juicio- se equivocó “porque lo que muestra es inoperancia o falta de decisión política en materia de entrega de tierras”.
LA VOLUNTAD POLÍTICA
“Lo que tenemos que resaltar es la actitud y la intención de nuestro Gobernador de ratificar la voluntad política de que este gobierno no va a quitarle tierras a las comunidades”, ponderó el presidente del bloque de la UCR y vicegobernador electo, Alberto Bernis.
Hizo alusión también a un artículo de la nueva Constitución provincial, el que antes establecía al “Instituto de Colonización como encargado de otorgar las tierras”. “Se sacó eso y se puso que el Estado es dueño de la tierra, porque lo es hasta tanto se les entregue a las comunidades. Y es la voluntad política que hay: dárselas con los requisitos que corresponde”, aseguró.
“Que se acabe el corte de ruta con el ‘verso’ de que le vamos a quitar tierras”, concluyó Bernis al plantear que “a nadie se le pasa por la cabeza quitarle ni un metro de tierra a ninguna comunidad” y en cambio “sí hay una voluntad política para darle derechos y garantías a las más de doscientas que quedan pendiente y tienen que reunir los requisitos como corresponde”, subrayó.
Por su parte, en declaraciones a medios porteños el referente Clemente Flores, integrante de la comunidad aborigen El Angosto - distrito El Moreno, en la Cuenca Salinas Grandes de Jujuy, criticó el proyecto aprobado por la Legislatura que ratifica el conjunto de 70 títulos de adjudicación de propiedad comunitaria entregados en provincia, expresando su preocupación por cuanto este avance -dijo- se hace sin “consulta a las comunidades”.