Eduardo Sánchez
En los últimos meses del año 2022 se desató un conflicto en el pueblo de Caspalá -243 km al norte de San Salvador de Jujuy- a raíz de la determinación del entonces gobernador Gerardo Morales de construir un edificio escolar en el lugar. La situación dividió virtualmente en dos al vecindario, una parte del cual se manifestó en total rechazo a los planes de Morales argumentando que el terreno donde se levantaría el establecimiento es un yacimiento arqueológico y espacio sagrado para la comunidad.
Después de serios incidentes en los que intervino incluso la Policía provincial, el 22 de noviembre de ese año el mandatario daba por resuelta la crisis recibiendo en la Casa de Gobierno al entonces comisionado municipal de Caspalá, Natividad Apaza, y un grupo de vecinos a los que anunciaba que “el lunes 28 de noviembre se iniciará la construcción de una nueva cancha para actividades deportivas y el 19 de diciembre se dará inicio a la obra de construcción de la escuela secundaria, tal como estaba proyectado”.
Lejos de cerrarse entonces esa “grieta”, una investigación de la Justicia federal derivó ahora en la imputación de seis funcionarias y funcionarios públicos jujeños por presunto fraude contra la administración pública nacional.
El listado incluye a la exministra de Educación María Teresa Bovi, a integrantes de diferentes áreas de esa cartera y de la Fiscalía de Estado provincial, y al mencionado excomisionado municipal del pueblo.
La fiscal federal de la Unidad Fiscal Jujuy, Lucía Orsetti, los acusa de haber avanzado con obras que demandaron más de 43 millones de pesos del Estado federal en base a la inserción de datos falsos sobre el emplazamiento de la obra, que finalmente fue paralizada “ante las protestas de la comunidad kolla porque se estaba levantando sobre un lugar de culto ancestral”.
ACUERDO DE REPARACIÓN
Según la fiscalía, las maniobras investigadas ocurrieron en 2022 en el marco de la orden del Gobierno provincial de avanzar con las obras sobre un espacio que era utilizado como cancha de fútbol, el único terreno nivelado del pueblo ubicado a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar que constituye además parte del patrimonio cultural identitario, y en un predio privado con yacimientos arqueológicos subterráneos.
Cabe decir que el mes pasado se arribó a un acuerdo de reparación en el que el Gobierno provincial se comprometió a retirarse de los predios ocupados y a regresar al estado de cosas preexistente.
Orsetti interviene en el caso con la asistencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez y con la intervención en el caso del auxiliar fiscal Esteban Venditti.
Según la fiscalía, los funcionarios imputados actuaron “a sabiendas de que la obra se erigía en un lugar no adecuado, en base a la inserción de datos falsos en la documentación oficial y sin tomar las previsiones necesarias para la protección del patrimonio cultural”.
Así es como la fiscal Orsetti formalizó la imputación contra los seis funcionarios por fraude contra la administración pública derivado de la conformación y uso de documentos públicos falsos en el marco de las actuaciones administrativas que fueron labradas por diferentes áreas del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy para la construcción de la Escuela Secundaria n° 57 de la localidad del departamento Valle Grande.
La jueza de garantías n° 2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, hizo lugar a la imputación formulada respecto de la exministra de Educación provincial, María Teresa Bovi; la titular de la Secretaría de Infraestructura Educativa, arquitecta María Victoria Martínez Fascio; el director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura de esa cartera, arquitecto José Raúl Torrejón; la asesora legal de ese ministerio, María Cecilia Rotondo; el exasesor legal de la Fiscalía de Estado jujeña, Diego Montenovi; y el excomisionado municipal caspaleño, Natividad Apaza.
UN EXPEDIENTE CON DECLARACIONES FALSAS
En el expediente administrativo la fiscalía describe que las maniobras consistieron en insertar en el Plan de Manejo Ambiental las afirmaciones de que el lugar no era “un parque o una zona utilizada habitualmente para recreación de la población”; que no se trata de “puntos culturales, religiosos o históricos del país” ni de “sitios con características arqueológicas o paleontológicas”; que no “existen pueblos indígenas en el área del proyecto o (que) se realizará el mismo en una comunidad indígena”; y que no “existen actividades no vinculadas con el proyecto que se estén desarrollando con o sin permiso en el sitio y que deban ser desplazadas a consecuencia del desarrollo del proyecto”.
“Si el documento público de Plan de Manejo Ambiental no hubiese sido confeccionado a partir de declaraciones falsas, estas erogaciones de dinero dispuestas por el Estado nacional en favor del Estado provincial no hubiesen tenido lugar. Allí finca la acreditación del daño o perjuicio patrimonial a las arcas públicas que se han acreditado en el caso”, sostuvo Orsetti, según refiere un informe difundido por el Ministerio Público Fiscal.
El organismo plantea a la vez que “esas ‘maniobras’ causaron un perjuicio de más de 43 millones de pesos al Estado nacional, que aportó los fondos para obras que comenzaron y no pudieron culminar, dado que el lugar designado para levantar el establecimiento educativo era un yacimiento arqueológico protegido por leyes provinciales y federales, la Constitución Nacional y convenciones internacionales”.
“UNA NOTA DE UN RENGLÓN”
Al formalizar las imputaciones la fiscal Orsetti detalló que los hechos del caso que precedieron a la construcción del establecimiento tuvieron como marco el expediente administrativo NF-1059/2022 tramitado en la Secretaría de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación provincial.
La funcionaria explicó que aquellas “maniobras”, tal el término empleado en la acusación, comenzaron en febrero de 2022 y se prolongaron hasta el 18 de octubre de ese año, dos semanas antes de la irrupción en el predio, cuando se firmó el contrato de locación de obra con la empresa prestataria, Urbania SRL.
Orsetti describe que el 25 de febrero de aquel año Torrejón, como director de Proyectos, envió a la secretaria de Infraestructura Educativa, Martínez Fascio, una nota de un renglón por la que se ponía en marcha el plan de obras.
De acuerdo con la fiscalía, el “Plan de Manejo Ambiental” adjuntado a esa nota es el “foco del caso”, ya que a partir de esa documentación el gobierno local sustanció la licitación pública.
La fiscal afirma que en ese documento se insertó declaraciones falsas, “fácilmente advertibles a través de contradicciones internas burdas reflejadas en el propio documento”, de lo cual imputó al arquitecto Torrejón.
Al resto de los funcionarios provinciales les imputó, además de la defraudación al Estado por la que también imputó al Director de Proyectos, el uso de esos documentos públicos falsos, “a sabiendas de ello”.
“Si el documento público de Plan de Manejo Ambiental no hubiese sido confeccionado a partir de declaraciones falsas, estas erogaciones de dinero dispuestas por el Estado nacional en favor del Estado provincial no hubiesen tenido lugar”, sostuvo la fiscal Orsetti. El monto en cuestión asciende a $43.197.562,66.
En tanto, Natividad Apaza fue imputado de incumplimiento de los deberes a su cargo, en calidad de autor, al no haber cumplido con la ley provincial de patrimonio cultural y natural de la provincia de Jujuy, que prevé entre sus obligaciones llamar a consulta popular frente a decisiones que afecten el patrimonio cultural y que le dé intervención a la máxima autoridad de cultura dependiente del Poder de Ejecutivo provincial.
El excomisionado municipal fue también imputado de la defraudación a la administración pública, en grado de partícipe necesario.