Eduardo Sánchez
Un breve pero importante acto protocolar realizado en la Casa de Gobierno fue la culminación de un rápido proceso que permitió resolver un compás de incertidumbre que se había instalado en el seno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy después que en simultáneo presentaran sorpresivamente sus renuncias el hasta entonces titular del organismo, Sergio Lello Sánchez, y su adjunto Ignacio Pasquini.
En dicha ceremonia oficiada en el Salón de la Bandera el gobernador Carlos Sadir tomó juramento y posesionó a Alejandro Atilio Bossatti y a Gonzalo César de la Colina como nuevos procurador general y procurador general adjunto respectivamente, en el MPA. Presenciaron el acto el vicegobernador Alberto Bernis; el jefe de Gabinete provincial, Freddy Morales; ministros del Poder Ejecutivo, autoridades de la Corte Suprema de Justicia y miembros de la Legislatura.
“Sabemos de sus grandes capacidades para afrontar cualquier desafío”, les dijo Sadir a los nuevos funcionarios al expresarles sus “mejores deseos” de cara a “todo lo que viene” en la gestión del organismo que tiene la responsabilidad de investigar los delitos de acción pública, ejercer la acción penal y acusar ante los tribunales.
EL DETONANTE, UN PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO
El pasado jueves la Legislatura recibió un pedido de juicio político contra Lello Sánchez y Pasquini. Horas después ambos fiscales presentaban sus renuncias.
Según relataron diputados del bloque PTS-FITU, “en la novena sesión de la Legislatura, de manera inesperada ingresó un pedido de juicio político sobre Sergio Lello Sánchez e Ignacio Pasquini” presentado por los exfiscales del organismo Walter Hugo Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos, entre otras personas.
“La presidencia hizo el anuncio antes del inicio del orden del día y en forma acelerada entre el bloque oficialista y el PJ dispusieron la conformación de la comisión investigadora, que se reunió para tratar el caso en el acto, por lo cual se solicitó un cuarto intermedio”.
“Luego continuó la sesión -agregaron los legisladores de la izquierda- y tras finalizar la misma, en tan solo media hora trascendió extraoficialmente que la comisión investigadora había decidido suspender a los acusados y ordenar allanamientos sobre las dependencias del MPA y sus domicilios particulares”.
“Casi tres horas después se hizo pública la renuncia de Lello Sánchez, cuestión que frena el proceso de investigación iniciado por la Legislatura, según indica su reglamento”, apuntaron.
UN LUNES VERTIGINOSO PARA NORMALIZAR EL MPA
El tema volvería a ser abordado en la Cámara de Diputados este lunes por la mañana cuando analizó las postulaciones propuestas por el Poder Ejecutivo y posteriormente otorgó su acuerdo para la designación de Bossatti y De La Colina como nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En el inicio de la tercera sesión especial del año se dio lectura a la nota 119-G de fecha 6 de octubre de 2025, correspondiente al expediente n.º 50-PE-25 remitido por el Ejecutivo con el pedido de acuerdo para ambos candidatos a cubrir los cargos vacantes.
Siguiendo el reglamento, en su condición de presidenta de la comisión de Asuntos Institucionales la diputada Gisel Bravo convocó a sus miembros para evaluar los pliegos, realizar las entrevistas a los profesionales propuestos y emitir el despacho correspondiente. A la vez, para dar tratamiento a dicho despacho de comisión, solicitó se convoque otra sesión especial para las 13:30.
Cumplidos esos pasos y de regreso al recinto, en la que sería la cuarta sesión especial del cuerpo Bravo informó al resto de los legisladores que Bossatti y De La Colina cumplían “con lo requerido para sus designaciones, se trata de abogados reconocidos y demostraron su conocimiento y experiencia para ocupar los cargos”, de manera que “se emitió despacho favorable en forma unánime” en Asuntos Institucionales.
Esto dio paso finalmente a la aprobación de sus respectivos pliegos, lo que fue comunicado a la Casa de Gobierno, donde más tarde se cumpliría el acto de jura y toma de posesión de sus nuevas funciones.
En línea con lo señalado por la diputada Bravo, su par en la bancada oficialista Adriano Morone destacó la trayectoria de ambos profesionales y en particular subrayó que el “doctor Bossatti se ha desempeñado ya como fiscal, conoce bien el organismo, así que estamos convencidos que va a desarrollar su función con mucha responsabilidad”.
DIPUTADOS PIDEN “QUE SE SEPA LA VERDAD”
En opinión de los diputados Gastón Remy y Natalia Morales, del bloque PTS-FITU, las dimisiones de Lello Sánchez y Pasquini estarían dejando cabos sueltos.
“Consideramos que la renuncia del funcionario no puede ser motivo, como ha sucedido con otros casos, de que no continúe la investigación”, sostienen, a la par de recordar que “en los últimos meses hubo también denuncias cruzadas de fiscales respecto a corrupción en el Juzgado Contravencional n° 1 responsabilizando a su titular, Matías Ustárez, quien luego renunció; o en el caso de este pedido de juicio político (contra Lello Sánchez y Pasquini) que lleva las firmas de exfiscales que fueron removidos, algunos de ellos vinculados al caso de trata de mujeres en el residencial Ranys ubicado en la zona de la vieja terminal”.
Más cerca en el tiempo, Remy y Morales señalaron lo “preocupante” que “ha sido el rol del MPA en una investigación por abuso sexual que tiene al cura de la parroquia de Ciudad de Nieva detenido, y la gravedad del caso tras la filtración del expediente que hizo público el intento de encubrimiento de una jueza del Tribunal Superior y el Obispo. Ante estos hechos, la jueza Lamas solicitó licencia e inició su vindicación, mientras el MPA es el organismo encargado de investigarla”, acotan.
Frente a este panorama “consideramos que se debe investigar todo y esto requiere de la conformación de una comisión investigadora independiente de la propia Legislatura”, dicen los diputados de la izquierda y plantean que esa comisión debería estar integrada por referentes de “los DD.HH., organizaciones feministas, profesionales, trabajadores y estudiantes” para “que realmente sea garantía de que se sepa la verdad y que no haya impunidad”.
